Intervenciones para la prevención del abuso de pacientes mayores
Resumen
Antecedentes
El maltrato de los pacientes mayores (abuso de pacientes mayores) incluye abuso psicológico, físico, sexual, abandono y explotación económica. Las pruebas indican que un 10% de las personas de edad avanzada experimenta alguna forma de abuso, y sólo una fracción de casos es realmente informada o derivada a los organismos de servicios sociales. El abuso de pacientes mayores se asocia con morbilidad y mortalidad prematuras significativas. Se han ejecutado numerosas intervenciones para considerar el tema del maltrato de pacientes mayores. Sin embargo, aún no se conoce qué intervenciones funcionan mejor para evitar o reducir el abuso de pacientes mayores.
Objetivos
El objetivo de esta revisión fue evaluar la efectividad de los programas de intervención primarios, secundarios y terciarios utilizados para reducir o prevenir el abuso de pacientes mayores en su propio hogar, en el ámbito institucional y en la comunidad. El objetivo secundario fue investigar si los efectos de la intervención son modificados por los tipos de abuso, los tipos de participantes, el ámbito de la intervención o el estado cognitivo de los pacientes mayores.
Métodos de búsqueda
Se hicieron búsquedas en 19 bases de datos (AgeLine, CINAHL, Psycinfo, MEDLINE, Embase, Proquest Central, Social Services Abstracts, ASSIA, Sociological Abstracts, ProQuest Dissertations & Theses Global, Web of Science, LILACS, EPPI, InfoBase, CENTRAL, HMIC, Opengrey and Zetoc) en 12 plataformas, incluyendo disciplinas multidisciplinares que abarcan la medicina, la salud, las ciencias sociales, los servicios sociales, legales, financieros y la educación. También se exploraron los sitios web institucionales relacionados, se estableció contacto con autores de los artículos relevantes y se examinaron las listas de referencias. Se realizaron búsquedas en las bases de datos entre el 30 de agosto 2015 y 16 de marzo de 2016 y no se limitaron por idioma.
Criterios de selección
Se incluyeron ensayos controlados aleatorios (ECA), ensayos con asignación al azar por grupos y ensayos controlados cuasialeatorios, estudios de antes y después y series de tiempo interrumpido. Sólo se incluyeron los estudios con al menos 12 semanas de seguimiento que investigaban el efecto de las intervenciones en cuanto a la prevención o la reducción del abuso de pacientes mayores y los que interactuaban con los pacientes mayores.
Obtención y análisis de los datos
Dos autores de la revisión, de forma independiente, extrajeron los datos y evaluaron el riesgo de sesgo de los estudios. Los estudios se categorizaron como: 1) educación sobre el abuso de pacientes mayores, 2) programas para reducir los factores que influyen en el abuso de pacientes mayores, 3) políticas específicas para el abuso de pacientes mayores, 4) legislación sobre el abuso de pacientes mayores, 5) programas para aumentar la tasa de detección del abuso de pacientes mayores, 6) programas dirigidos a las víctimas del abuso de pacientes mayores y 7) programas de rehabilitación para los responsables del abuso de pacientes mayores. Todos los estudios fueron evaluados en cuanto a la metodología de estudio, el tipo de intervención, el ámbito, la audiencia estudiada, los componentes de la intervención y la intensidad de la intervención.
Resultados principales
La búsqueda y el proceso de selección resultaron en siete estudios aptos con un total de 1924 participantes mayores y otras 740 personas. Cuatro de las siete categorías de intervenciones anteriores fueron evaluadas por los estudios incluidos, que variaron en cuanto a su diseño. No se encontraron estudios aptos de los programas de rehabilitación, políticas específicas para el abuso de pacientes mayores ni legislación sobre el abuso de pacientes mayores. Todos los estudios incluidos tenían un grupo de control, y cinco de los siete estudios describieron el método de asignación como aleatorio. Se utilizó la herramienta Cochrane de “Riesgo de sesgo” y los criterios de evaluación de EPOC para evaluar el riesgo de sesgo. Los resultados indican que el riesgo de sesgo a través del cuerpo incluido de investigación fue alto; al menos un 40% de los estudios incluidos se consideró en riesgo alto de sesgo. Sólo se consideró que un estudio no presentó ningún dominio en alto riesgo de sesgo, y dos estudios presentaron dos de 11 dominios en alto riesgo. Un estudio fue considerado en riesgo alto de sesgo a través de ocho de 11 dominios.
Todos los estudios incluidos fueron realizados en países de ingresos altos, de acuerdo con lo determinado por la clasificación económica del World Bank (EE.UU. cuatro, Taiwán uno, Reino Unido dos). Ninguno de los estudios proporcionó información específica o análisis sobre las consideraciones de la equidad, incluso por la desventaja socioeconómica, aunque se declaró que un estudio se realizó en un proyecto de vivienda. Un estudio realizó alguna forma de análisis de costo‐efectividad sobre la implementación de los programas de intervención, aunque hubo pocos detalles en los componentes y el análisis del cálculo de los costos.
No existe seguridad en cuanto a si estas intervenciones reducen la ocurrencia o la recurrencia del abuso de pacientes mayores debido a la variación en el ámbito, las medidas y los efectos informados en los estudios incluidos, algunos de los cuales fueron muy pequeños y en riesgo alto de sesgo (pruebas de calidad baja y muy baja). Dos estudios de muy baja calidad midieron la ocurrencia del abuso de pacientes mayores. Un estudio en alto riesgo de sesgo encontró una diferencia en las puntuaciones posteriores a la prueba (valor de p 0,048 y 0,18). En un estudio en riesgo bajo de sesgo no se encontraron diferencias (odds ratio [OR] ajustado = 0,48, IC del 95%: 0,18 a 1,27) (n = 214). Para las intervenciones que midieron la recurrencia del abuso, un estudio pequeño (n = 16) no informó ninguna diferencia en las medias posteriores a la prueba, aunque otros encontraron niveles más altos de abuso informados para los brazos de intervención (regresión de Cox, cociente de riesgos instantáneos [CRI] de la intervención combinada = 1,78, nivel alfa= 0,01).
No se conoce si las intervenciones educativas estudiadas mejoran el conocimiento relevante de los profesionales de la salud y los cuidadores (pruebas de muy baja calidad), aunque pueden mejorar la detección del abuso residente‐a‐residente. El concepto de la medición de la mejoría en la detección o el informe en contraposición con la medición de la ocurrencia o la recurrencia del abuso es complicado. Una intervención de educación pública y servicios de apoyo dirigida a las víctimas también puede mejorar las tasas de informe. Sin embargo, no está claro si lo anterior se debió a un aumento de la recurrencia o a una mejoría en el informe del abuso. Se desconoce la efectividad de las intervenciones de planificación de servicios en cuanto a la mejoría de la evaluación y la documentación de los dominios relacionados. Los resultados no intencionales no se informaron en los estudios.
Conclusiones de los autores
Hay pruebas confiables insuficientes para evaluar los efectos de las intervenciones para el abuso de pacientes mayores sobre la ocurrencia o la recurrencia del abuso, aunque hay algunas pruebas para sugerir que pueden cambiar la medida combinada de la ansiedad y la depresión de los cuidadores. Se necesitan ensayos de alta calidad, incluidos los de países de ingresos bajos o medios, con un poder estadístico suficiente y características de estudio apropiadas para determinar si los programas de intervención específicos, y qué componentes de estos programas, son efectivos para prevenir o reducir los episodios de abuso entre los pacientes mayores. No se conoce si la administración de intervenciones educativas mejora el conocimiento y la actitud de los cuidadores, ni si dichos programas también reducen la ocurrencia del abuso, por lo tanto, se justifica la realización de investigación futura. Además, toda la investigación futura debe incluir un componente del análisis de costo‐efectividad, la evaluación de la ejecución y consideraciones de la equidad de las intervenciones específicas evaluadas.
PICO
Resumen en términos sencillos
Intervenciones para la prevención del abuso de pacientes mayores
Pregunta de la revisión
El objetivo fue identificar si las estrategias o programas específicos son útiles para prevenir o reducir el abuso en los pacientes mayores (a partir de los 60 años de edad). Se intentó incluir estudios que describieran el efecto de estos programas o estrategias ya se orientadas a los pacientes mayores en sí o a personas (como cuidadores o personal de las residencias para convalecientes) con los que interactúan.
Antecedentes
El abuso de pacientes mayores – abuso físico, psicológico, sexual, abandono o explotación económica ‐ es frecuente aunque a menudo no se informa de manera suficiente. El abuso de pacientes mayores puede ser un acto único o repetido, o puede ser una falta de la acción apropiada. El abuso de pacientes mayores ocurre dentro de una relación en la que hay una expectativa de confianza, aunque lamentablemente el daño o la angustia son causados a la persona mayor. El abuso a menudo puede provenir de alguien que conocen bien o con quien tienen una relación como un cónyuge, compañero, un miembro de la familia, o un amigo. También puede ser causado por los prestadores de servicios en instituciones y ámbitos de asistencia sanitaria. Es muy probable que ocurra cuando el personal tiene un entrenamiento y supervisión insuficientes, o cuando carecen de recursos suficientes para llevar a cabo sus responsabilidades. Este es un problema global que afecta a millones de personas mayores, lo cual da lugar a grandes costos económicos tanto para los individuos como para el sistema de asistencia sanitaria. El abuso puede resultar en un deterioro de la salud, lesiones e incluso la muerte prematura.
Fecha de la búsqueda
Se hicieron búsquedas en todas las bases de datos hasta agosto 2015. Las búsquedas adicionales en las principales bases de datos se llevaron a cabo entre el 30 de agosto 2015 y el 16 de marzo 2016.
Características de los estudios
Se encontraron siete estudios en la búsqueda en las 19 bases de datos. En total, los estudios incluyeron a 1924 participantes mayores y a 740 personas (como cuidadores o personal de la residencia para convalecientes) con los que interactúan. Estos estudios describieron los métodos de prevención o reducción del abuso de pacientes mayores en personas de edad más avanzada. Los estudios incluyeron programas y estrategias que tuvieron lugar en muchos ámbitos diferentes (hogar, comunidad, instituciones) aunque sólo en países de ingresos altos. Los programas y las estrategias identificados incluyeron métodos para aumentar la detección en la práctica clínica y los ámbitos de la comunidad, apoyo a las víctimas, aumento de la conciencia sobre el abuso de pacientes mayores y administración de programas de entrenamiento dirigidos al desarrollo de habilidades en los profesionales de atención. La mayoría de los estudios describió cambios en el conocimiento y las actitudes, y muy pocos midieron la ocurrencia o la recurrencia del abuso. La duración del estudio varió de seis a 24 meses.
Resultados clave
Los estudios incluidos indican que no puede precisarse si las intervenciones educativas estudiadas mejoran el conocimiento de la salud y los profesionales afines y los cuidadores acerca del abuso de pacientes mayores. No está claro si la mejoría en el conocimiento en realidad da lugar a cambios en la forma en que se comportan posteriormente, y si este hecho resulta en menos abuso de los pacientes mayores. Asimismo, el apoyo y la educación de las víctimas de edad más avanzada en cuanto al abuso parece dar lugar a un mayor informe del abuso, sin embargo, no está claro si el mayor informe causó que ocurriera más abuso o una mayor voluntad de informar el abuso cuando ocurrió.
Ninguno de los estudios informó los resultados no intencionales de estos enfoques.
Calidad de la evidencia
La mayoría de las pruebas fueron de calidad baja o muy baja (no es posible suponer que los hallazgos de estos estudios son verdaderos) lo cual limita la comprensión de qué estrategias o programas funcionan mejor para disminuir o prevenir el abuso de pacientes mayores. Muchos de los estudios tuvieron un diseño poco claro, un tamaño demasiado pequeño o no fueron suficientemente similares en los resultados para confiar completamente en los resultados.
Conclusiones de los autores
Summary of findings
| Educational interventions compared with control for preventing elderly abuse | ||||
| Patient or population: Carers of elderly persons Settings: Workforce training Intervention: Educational interventions Comparison: Control – no specific training | ||||
| Outcomes (duration of follow‐up) | Summary of effects | No of Participants | Quality of the evidence | Comments |
| Occurrence of abuse – caregivers: Caregiver’s abusive behaviours (Caregiver Psychological Elder Abuse Behaviour Scale) (duration not specified, assumed 10 months) | Abusive behaviour typically lower in the trained caregiver group (e.g. adjusted mean difference ‐3.46, adjusted % change 11.4%) | 112 caregivers (1 study) | ⊕ΟΟΟ Very Low1 | One study included this primary outcome |
| Occurrence of abuse by elderly persons: Detecting resident‐to‐resident abuse ( 6 & 12 months) | Intervention group reported more incidents at 6 & 12 months for the intervention than the control (adjusted mean difference to the control of 420%)#1 | 325 caregiver nurses, 1405 residents (1 study) | ⊕⊕ΟΟ Low2 | One study included this primary outcome |
| Knowledge and attitude to elder abuse (6 to 12 months) | Knowledge generally improved after intervention (e.g. KAMA scores adjusted mean change 25.8%, KGNS 5%) | 523 caregivers (3 studies) | ⊕ΟΟΟ3 Very Low | Substantial heterogeneity between trials regarding type of interventions and measured outcomes. |
| GRADE Working Group grades of evidence | ||||
| 1 Downgraded three levels for non‐randomised study, serious risk of bias and imprecision 2 Downgraded two levels for serious risk of bias and possible contamination 3 Downgraded three levels for substantial heterogeneity and risk of bias in the 3 studies, and the inclusion of one non‐RCTstudy of 112 caregivers as 'very low', #1 Refers to 12‐month result | ||||
| Programs to reduce factors influencing elderly abuse | ||||
| Patient or population: Carers of elderly persons Settings: Caregivers of family members suffering from dementia Intervention: Reducing factors influencing elderly abuse through promoting the mental health of caregivers | ||||
| Outcomes (duration of follow‐up) | Summary of effects | No of Participants | Quality of the evidence | Comments |
| Occurrence of abuse – caregivers: Caregiver’s abusive behaviours (Modified conflict tactics scale) (8 months) | No statistical difference in abusive behaviour between the groups(adjusted OR 0.48, 95% CI 0.18 to 1.27) | 260 caregivers (1 study) | ⊕⊕ΟΟ Low1 | One low risk of bias study which appeared inadequately powered included this primary outcome |
| Anxiety and depression: total scores on hospital anxiety and depression scale (HADS) (8 months) | Mean total HADS score lower for the intervention group of caregivers than the control (‐1.80 points (95% CI ‐3.29 to ‐0.31, P = 0.02) | 260 caregivers (1 study) | ⊕⊕⊕Ο Moderate2 | One low risk of bias study included this secondary outcome |
| GRADE Working Group grades of evidence | ||||
| 1 Downgraded two level for very serious imprecision 2 Downgraded one level based on only one study reporting as a secondary outcome | ||||
| Programs for increasing detection for preventing elderly abuse | ||||
| Patient or population: Carers of elderly persons with a responsibility for detecting abuse Settings: Community mental organisations and home care organisations Intervention: Programs for increasing detection for preventing elderly abuse through the provision of a toolkit | ||||
| Outcomes (duration of follow‐up) | Summary of effects | No of Participants | Quality of the evidence | Comments |
| Occurrence of elder abuse | Outcome was not reported for this comparison | |||
| Clinician assessment practices (1 year) | The study authors claimed that there was a significant increase in the proportion of clinicians in conducting clinical assessments in neglect and abuse domain, however they failed to provide statistical analyses to support this conclusion | 13 agencies, 44 clinicians, 100 elderly persons (1 study) | ⊕ΟΟΟ Very low1 | One high risk of bias study included this secondary outcome |
| GRADE Working Group grades of evidence | ||||
| 1 Downgraded three levels based on only one non‐randomised study with very serious risks of bias and a lack of transparency in the analysis of this secondary outcome (indirectness) | ||||
| Programs targeted to victims for preventing elderly abuse | ||||
| Patient or population: Victims of abuse Settings: Community settings Intervention: Programs targeted to victims for preventing elderly abuse including the provisions of psycho‐education support and materials | ||||
| Outcomes (duration of follow‐up) | Summary of effects | No of Participants | Quality of the evidence | Comments |
| Recurrence of abuse: Physical abuse – Hartford study physical abuse subscale (8 weeks post intervention) | Unable to determine | 16 (1 study)3 | ⊕ΟΟΟ Very low1 | One very small study at high risk of bias included this primary outcome |
| Recurrence of abuse – elderly persons: Modified version of the Conflict Tactic Scale (6 & 12 months) | Higher reports of victimisation | 403 (1 study) | ⊕⊕ΟΟ Low2 | It is unclear whether this increase reflects an increase in the rate of abuse recurrence (more abuse) or better reporting of abuse. |
| GRADE Working Group grades of evidence | ||||
| 1 Downgraded three levels for very serious risk of bias, very sparse data from one study.and a resulting in lack of clarity 2 Downgraded two levels for very serious risk of bias. 3 This number includes one participant unaccounted for in the analysis. The data analysis presented by the authors includes 15 individuals. | ||||
Antecedentes
Descripción de la afección
El maltrato de los pacientes mayores (o comúnmente denominado abuso de pacientes mayores) es un problema global, que afecta a millones de personas mayores en todo el mundo. Recientemente se informó que el abuso de pacientes mayores fue causante de 2500 muertes al año en Europa (WHO 2011). Estas cifras se elevarán inevitablemente a medida que las poblaciones envejezcan y vivan más tiempo. Según la organización Mundial de la Salud (OMS), el abuso de pacientes mayores se define como "un acto único o repetido, o la ausencia de la acción apropiada, que ocurren dentro de cualquier relación en la que hay una expectativa de confianza, que causa daño o angustia a una persona mayor" (WHO 2002a). Esta definición abarca los daños hacia pacientes mayores por parte de personas que conocen o con las que tienen una relación, como un cónyuge, compañero o un miembro de la familia, un amigo o vecino, o de los que dependen para la prestación de servicios (Action on Elder Abuse 1995a). La bibliografía de investigación en esta área tiende a referirse al abuso de pacientes mayores como abuso físico, abuso psicológico o emocional, abuso económico (o explotación económica), abuso sexual y abandono (Cooper 2008; Lachs 2004).
Los datos habituales sobre el abuso de pacientes mayores siguen siendo escasos y tienen pocos antecedentes; las primeras referencias a "granny bashing" aparecieron en la bibliografía en 1975 (Baker 1975; Burston 1975). La escala exacta del problema ha sido difícil de determinar, debido a las definiciones variables y las normas sociales a través del mundo (Kosberg 2003). Los estudios comunitarios disponibles contienen pruebas de que el abuso, el abandono y la explotación económica de los pacientes mayores son mucho más que un fenómeno universal que las sociedades admiten. Una revisión de la prevalencia del abuso de pacientes mayores encontró que la tasa general de abuso de pacientes mayores varió entre un 3,2% y un 27,5%, con tasas significativamente mayores entre los pacientes mayores vulnerables (Cooper 2008). Los datos indican que un 2,7% de las personas de edad más avanzada informó abuso físico, un 19,4% informó abuso mental, un 0,7% informó abuso sexual y un 3,8% informó abuso económico en el año anterior (Soares 2010). Se informa que la prevalencia del maltrato es mucho mayor entre pacientes mayores vulnerables dependientes que requieren atención, en particular los que residen en hogares. En una encuesta en los Estados Unidos, un 24,3% de los familiares de pacientes mayores informó al menos un incidente de abuso físico por parte del personal de los hogares para convalecientes en los 12 meses anteriores (Schiamberg 2012). En la zona rural de la China, más de un tercio de los pacientes mayores informó abuso de pacientes mayores; el maltrato psicológico y el abandono de los cuidadores fueron los tipos más frecuentes de abuso (Wu 2012). También se informa que los pacientes de edad más avanzada con demencia presentan un riesgo mayor de ser abusados por los cuidadores familiares (Cooper 2009).
Las pruebas emergentes muestran que el maltrato de pacientes mayores tiene grandes costos económicos, incluidos los costos directos para los servicios de salud, sociales, legales, policiales y otros. El costo directo que surge del maltrato se atribuye a los mayores costos de asistencia sanitaria para tratar y rehabilitar a los pacientes mayores que sufrieron el maltrato. Se calculó que los costos de asistencia sanitaria directa de las lesiones causadas por el maltrato de pacientes mayores sumó más de USD 5 300 000 000 al gasto anual de asistencia sanitaria en los Estados Unidos (Mouton 2004). Se encontró que los pacientes mayores maltratados tenían estadías hospitalarias más largas y tasas mayores de utilización de los servicios de urgencia en comparación con sus contrapartes que no habían recibido maltrato (Dong 2012; Dong 2013). En Australia, se calculó que los costos causados por los ingresos al hospital por el maltrato de pacientes mayores fueron de entre AUD 9 900 000 y AUD 30 700 000 en 2007/2008 (Jackson 2009). Otros costos incluyen la protección y la atención por parte del sistema legal y social, como los organismos de servicios sociales para adultos, que gastaron al menos USD 500 000 000 en 2004 solamente (Dyer 2007; NCEA 2006). Además, el abuso económico podría afectar seriamente a los pacientes mayores que sobreviven con recursos limitados. Los costos indirectos como consecuencia del maltrato de pacientes mayores incluyen: pérdida de productividad de los cuidadores, incapacidad de continuar con las actividades cotidianas, reducción en la calidad de vida y pérdida de inversión en el capital social (Butchart 2008). Debido a estos costos sociales y económicos enormes, hay una necesidad nefasta de acciones inmediatas basadas en pruebas sobre el abuso de pacientes mayores.
El abuso de pacientes mayores es un resultado de interacciones complejas entre factores a nivel individual, de la relación, la comunidad y sociales, que puede ser conceptualizado mediante una perspectiva ecológica (Gordon 2001; Wolf 2003). Los factores de cada nivel pueden interactuar, poniendo a los pacientes mayores en riesgo de abuso. Por ejemplo, los pacientes mayores con demencia (Dyer 2000; Hansberry 2005), discapacidades (Ansello 2010; Laumann 2008) y problemas de salud crónicos (Lowenstein 2009) que dan lugar a una mayor dependencia de los cuidadores están particularmente en riesgo de maltrato de pacientes mayores. Además, el apoyo social reducido, la soledad, el aislamiento social y la falta de redes sociales entre los pacientes mayores perpetúan aún más el maltrato (Acierno 2010; Dong 2007; Dong 2009). Las enfermedades mentales de los responsables, los niveles altos de hostilidad, el abuso de sustancias, los problemas psicológicos y su dependencia de la víctima para la vivienda y la ayuda económica parecen ser factores de riesgo fuertes que predisponen a los pacientes mayores al maltrato (Jackson 2011; Schiamberg 2000). Las mujeres en general presentaron significativamente más probabilidades de haber experimentado maltrato que los hombres, aunque este hecho puede diferir según el tipo de abuso (Biggs 2009). La transmisión intergeneracional del comportamiento violento es un factor de riesgo posible, debido a la asociación encontrada entre los antecedentes de violencia en la niñez con el abuso de menores y otras formas de comportamiento agresivo (Biggs 2009; Jackson 2011; Lowenstein 2009; Yan 2003). Se encontró que las características distintivas se asociaban con un mayor maltrato en las instituciones y los ámbitos de asistencia sanitaria (o abuso institucional) e incluyen entrenamiento y supervisión insuficientes del personal, personal insuficiente para realizar las actividades diarias y las actitudes de prejuicio hacia los pacientes mayores (Jogerst 2008a; Phillips 2011).
Los factores de la comunidad que exacerban el maltrato de pacientes mayores incluyen tasas altas de crímenes, desorganización social, falta de recursos y redes sociales y pobreza (Luo 2011). Además, los factores a nivel social que han estado conectados con el abuso de pacientes mayores incluyen la cultura, el grupo étnico y las políticas. Los mismos son evidentes en los diferentes criterios sobre lo que constituye el abuso de pacientes mayores así como la respuesta social a los problemas que existen entre diferentes grupos étnicos y culturales y pueden influir en el informe del problema a los servicios de salud y protección (Dakin 2009; Moon 1993; Wolf 1999). Además, las prácticas habituales en algunas sociedades podrían ser juzgadas como abusivas en algunos países pero no en otros (Kosberg 2003; Podnieks 2010).
Descripción de la intervención
Esta revisión abarca cualquier estrategia o intervención que pudiese utilizarse para prevenir o reducir el abuso de pacientes mayores. La definición abarca intervenciones que se han desarrollado para considerar la naturaleza multifacética del abuso de pacientes mayores, dirigidas a diferentes niveles que reflejan el enfoque socioecológico, o sea, a niveles individuales, familiares, de la comunidad y sociales. Browne y Herbert (1997) identificaron tres tipos fundamentales de intervenciones que podrían operar en diferentes niveles. Basado en su clasificación, la prevención primaria se define como intervenciones relacionadas con la prevención del abuso, la intervención secundaria como acciones orientadas a prevenir el abuso adicional, y la intervención terciaria como acciones para tratar las consecuencias después de que el abuso ha ocurrido (Browne 1997).
Se incluyeron actividades de prevención primaria, que podían ser actividades centradas en el individuo, intervenciones comunitarias o cambios en las políticas. Las actividades centradas en el individuo podían incluir intervenciones dirigidas a los pacientes mayores directamente, los miembros de su familia o ambos. Por ejemplo, los programas educativos de salud y basados en aptitudes se han desarrollado específicamente para los pacientes mayores y sus familias con objeto de proporcionarles aptitudes para comunicarse de forma efectiva, controlar el estrés, resolver los conflictos y promover relaciones más saludables (Hsieh 2009). Otros enfoques son los que promueven las actitudes positivas hacia los pacientes mayores mediante el aumento de la interacción significativa entre los pacientes de mayor edad y las personas más jóvenes a través de un programa intergeneracional. Otros programas están dirigidos a las escuelas, los estudiantes universitarios o los jóvenes de ámbitos de la comunidad, como programas para grupos de la iglesia y laborales (Fujiwara 2006; Hermoso 2006; Sanders 2008), y pueden variar en el tipo de actividades realizadas. Dentro de los mismos, las actividades podían variar desde el simple intercambio de correspondencia o correos electrónicos hasta el compromiso a largo plazo o directo con los pacientes mayores mediante la participación en los proyectos conjuntos de la comunidad, actividades grupales o ayuda con las actividades cotidianas (p.ej. jardinería, limpieza de la casa o tutoría).
Las intervenciones comunitarias como las campañas de concienciación y la educación sanitaria realizadas a través de la sociedad mediante los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio, material impreso y sitios en la web de Internet estarán incluidas en esta revisión. Dichas campañas en general son diseñadas y ejecutadas para aumentar la conciencia sobre el maltrato de pacientes mayores, promover el tratamiento respetuoso y digno de los pacientes mayores y proporcionar educación acerca de los servicios de apoyo disponibles que, a su vez, pueden prevenir el abuso de pacientes mayores (HSE 2009).
No puede suponerse que la implementación de un programa de intervención traerá sólo efectos beneficiosos. Algunas intervenciones podrían poner en peligro a los pacientes mayores por una evaluación inapropiada del riesgo, el incumplimiento de la confidencialidad, la invasión de la privacidad y el fracaso en el plan de seguridad (Dugan 2003). Por ejemplo, varios estudios indican que las intervenciones como los programas con bases psicológicas (p.ej. manejo de la ira, el estrés y la posibilidad de hacer frente) (Cooper 2015), la terapia conductual (Drossel 2011), la provisión de relevos para la atención o atención de alivio temporal (Jeon 2005), y los grupos de apoyo social (Brownell 2006) para los miembros de la familia o los cuidadores pueden reducir los factores de riesgo de abuso de pacientes mayores, como el estrés de los cuidadores y la dependencia de los pacientes mayores. Sin embargo, varias evaluaciones informaron un aumento del maltrato luego de intervenciones como el programa de reducción de las restricciones (dispositivos mecánicos o barreras que restringen el movimiento de un paciente en una silla, una silla de ruedas, o la cama), el programa de visitas al hogar y voluntarios defensores (Davis 2001; Filinson 1993). Por lo tanto, también se consideraron las consecuencias negativas asociadas con las estrategias de prevención del abuso de pacientes mayores en esta revisión.
De qué manera podría funcionar la intervención
Esta revisión procura proporcionar una perspectiva más amplia sobre las intervenciones para prevenir o reducir el abuso de pacientes mayores. Las intervenciones para el abuso de pacientes mayores ocurren en un rango de ámbitos, incluidos los ámbitos de asistencia sanitaria y sociales o legales y pueden ser de naturaleza primaria, secundaria y terciaria.
Se desarrolló un modelo lógico para captar la amplia gama de enfoques que pueden usarse para prevenir o reducir el abuso de pacientes mayores (Figura 1). También enuncia un rango de resultados posibles a corto y a largo plazo que pueden usarse para medir la efectividad de las intervenciones y capturar los niveles en los que la intervención puede estar operando. Los resultados a corto plazo incluyen resultados relacionados con el participante, la víctima o los responsables, como el aumento del conocimiento, las actitudes y las aptitudes, la identificación del abuso y la vida independiente de los pacientes mayores. Los resultados a largo plazo podían incluir tasas inferiores de informe del abuso de pacientes mayores o una reducción de la recurrencia del abuso de pacientes mayores.
Dentro del rango de intervenciones, pueden implementarse políticas específicas adaptadas a los pacientes mayores con la intención de fortalecer y mejorar la posición de bienestar, económica y social de los pacientes mayores, que disminuyen su dependencia. Estas políticas pueden constar de independencia económica, asistencia para el bienestar, oportunidades laborales y reducción de la pobreza, con la inclusión de las industrias financieras o de actividad bancaria, los sectores de la salud, los planificadores del gobierno y las organizaciones religiosas. Para lograr lo anterior, se proporcionan incentivos financieros y compensaciones, que incluyen pagos directos a las familias a través de subvenciones de dinero en efectivo o cupones para adquirir servicios. Los incentivos tributarios para la atención incluyen deducciones y créditos. En el Reino Unido y Nueva Zelandia, diversos bancos divulgaron la declaración de intenciones en prácticas bancarias adaptadas a las personas de edad para clientes vulnerables (BBA 2010; NZBA 2007). Además, al sector de la salud es alentado a comprometerse con sectores externos, en particular concejos municipales, planificadores y políticos urbanos que diseñan los ambientes urbanos en ciudades adaptadas a las personas de edad sumamente innovadoras adecuadas a las poblaciones que están envejeciendo (Heathcote 2011). Algunos países tienen políticas laborales específicas para proteger a los pacientes mayores. En Inglaterra, la Independent Safeguarding Authority asegura que los empleadores informen sobre un empleado destituido o un voluntario que cause daños graves a un adulto vulnerable y luego al empleado se le prohíbe tener un empleo igual. Los empleadores deben realizar los controles del Criminal Records Bureau (CRB) para el empleo relacionado con la atención sanitaria y social (UK Home Office 2012). Además, se han organizado iniciativas para reducir la pobreza y la exclusión social, como el Coming Home Program en los Estados Unidos que crea instalaciones de vivienda asequibles y asistidas para las personas mayores de menores ingresos y frágiles aptas para los servicios de Medicaid en las zonas rurales desde 1992 (Jenkens 2005; NCBDC 2012).
La intervención secundaria incluye la vigilancia cercana de los pacientes mayores vulnerables, la detección temprana del abuso de pacientes mayores mediante la detección o la intervención a través de un informe obligatorio, con la presuposición de que este procedimiento evitará la recurrencia. La vigilancia de los pacientes mayores vulnerables es posible mediante la detección, las visitas al hogar y la evaluación geriátrica domiciliaria. Las líneas de ayuda (o líneas telefónicas de emergencia) procuran proporcionar a las víctimas la oportunidad de informar sobre el abuso y buscan apoyo adicional, y también obtener información o derivaciones a los servicios de apoyo locales y nacionales. Mediante el aumento de las actividades de detección, los programas de entrenamiento y de educación se dirigen a los profesionales de atención social y de salud que establecen un contacto habitual con personas mayores y están en una posición ideal para detectar a las personas en riesgo de abuso, o que ya lo han experimentado. Sin embargo, se ha observado que los profesionales tienen escasa información u orientación para decidir y emitir juicios con respecto al abuso de los pacientes mayores, en particular cuando se enfrentan con familias y factores contextuales complejos y dilemas éticos (Killick 2009). Los programas de entrenamiento se proporcionan con la intención de aumentar la conciencia profesional sobre los diversos tipos de abuso de los pacientes mayores y sus signos y síntomas, y para mejorar la capacidad de identificar y manejar los presuntos casos de forma efectiva (Shefet 2007). Se incorporan en el programa de estudios formal (Wagenaar 2009) o se administran mediante cursos de entrenamiento, talleres (Day 2010) con material de aprendizaje en línea (Smith 2010) o impreso (McGarry 2007; Richardson 2002). Aunque se han realizado numerosas evaluaciones de los programas de entrenamiento y educación, variaron de forma significativa en cuanto a su calidad, y la efectividad para las víctimas mostró resultados contradictorios. Actualmente no hay una revisión de este tipo sobre la efectividad de las intervenciones educativas en la prevención o la reducción del abuso de pacientes mayores (Day 2010; Richardson 2002).
Las provisiones legales, incluido el informe obligatorio y los estatutos de protección de adultos, se han establecido con la intención de aumentar el informe y terminar con el abuso de pacientes mayores (American Bar Association 2006). La posibilidad de comunicar las situaciones abusivas a una autoridad legal por parte de los pacientes mayores es obstaculizada por el deterioro físico o psicológico, las aptitudes de comunicación deficientes, el temor a la institucionalización y a la represalia, el temor a la vergüenza o a la humillación, o la dependencia del responsable (Desmarais 2007). Muchos estados en los Estados Unidos ahora requieren el informe obligatorio por parte de cualquier persona o profesional específico, como los médicos, los psicólogos, las enfermeras, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el clero, para aumentar el informe (Koenig 2005). Además, se han introducido leyes que rigen la homologación y la certificación de las instituciones y prohíben el fraude en la asistencia sanitaria para asegurar la calidad de atención de los residentes de hogares para convalecientes y su protección del maltrato (Gittler 2008). Algunas leyes, especialmente el informe obligatorio, se han implementado con la presuposición de que reducirán el abuso. Sin embargo, ha sido un tema contencioso y se han planteado muchas preguntas acerca de sus efectos; de hecho, aún debe determinarse su eficacia real (Bonnie 2003; Fulmer 2008a).
Cuando se reconoce el abuso, parece lógico que deban realizarse derivaciones de forma temprana y organizar un seguimiento adecuado. Los esfuerzos terciarios tienden a centrarse en tratar las consecuencias inmediatas del abuso de pacientes mayores, prestando apoyo a las víctimas y castigando a los agresores en lugar de prevenir el abuso a corto y a más largo plazo. Por lo tanto, el alojamiento temporal, los servicios de protección de adultos, los albergues de emergencia, la orientación y la asistencia mediante grupos de apoyo dirigidos a proteger y vigilar a las víctimas están ampliamente desarrollados en varios países (Doe 2009; Koenig 2005; Kurrle 2008; Penhale 2008; Podnieks 2008). Por ejemplo, Corea del Sur ha establecido un sistema centralizado que incluye una línea telefónica de asistencia urgente las 24 horas para informar sobre el abuso de pacientes mayores, programas de relevo de cinco días para los cuidadores, servicios residenciales temporales de 15 días para pacientes mayores y el establecimiento de centros de prevención del abuso de pacientes mayores (Doe 2009). Se crean equipos de respuesta multidisciplinaria además de los servicios de protección de adultos existentes para responder de forma más eficiente a los casos de maltrato de pacientes mayores. Los mismos incluyen centros forenses; equipos de especialistas en abuso de adultos vulnerables o abuso económico; y unidades de prosecución del maltrato de pacientes mayores, o un equipo de prevención que aumenta la conciencia sobre el maltrato de pacientes mayores en la comunidad (Dyer 2005; Schneider 2010; Twomey 2010). Para los casos comprobados de maltrato, aunque las acciones criminales y civiles se realizarán contra los presuntos responsables, también hay disponibles programas de rehabilitación como orientación, intervención psiquiátrica y asistencia legal para el responsable en algunos países (Lithwick 2000).
Por qué es importante realizar esta revisión
Las respuestas exitosas al abuso de pacientes mayores incluyen un enfoque de salud pública que representa la magnitud del problema, los factores de riesgo y la base de pruebas de lo que funciona, que posteriormente pueden ejecutarse en una escala mayor a niveles individuales o de la población (Lachs 2004). Una barrera principal a las respuestas exitosas a cualquier tipo de violencia, incluido el abuso de pacientes mayores, es que los programas de prevención se han elaborado de forma aislada (WHO 2002b). Debe hacerse más hincapié en llevar a cabo enfoques basados en pruebas para considerar el maltrato de pacientes mayores. Aunque se han iniciado intervenciones en ámbitos de salud, sociales y legales para prevenir o reducir el abuso de pacientes mayores, hubo pocos estudios de investigación sistemática para combinar todas las pruebas actuales disponibles a nivel mundial. Se están realizando algunos esfuerzos iniciales para obtener dichas pruebas (Ploeg 2009), pero no tanto en los países en desarrollo. En su revisión, Ploeg y colegas encontraron que no hubo diferencias significativas en la resolución de casos y las tasas de la recurrencia del abuso entre las intervenciones del abuso de pacientes mayores evaluadas (Ploeg 2009). Sin embargo, los hallazgos pueden ser limitados en el grado en que pueden generalizarse debido a la exclusión de los informes de investigación no publicados, los estudios de idioma diferente al inglés, los estudios recientes de los países en desarrollo y la falta de una evaluación cualitativa formal de los estudios incluidos. Esta revisión actual se propone considerar esta brecha, reducir la fragmentación en la investigación y mejorar la base de pruebas de las acciones necesarias para prevenir el maltrato.
Objetivos
El objetivo primario de la revisión fue evaluar la efectividad de los programas de intervención primaria, secundaria y terciaria utilizados para reducir o prevenir, o ambos, el abuso de pacientes mayores en el ámbito institucional o de la comunidad (es decir del hogar propio o de otra persona). Se procuró identificar e informar sobre las consecuencias adversas o los efectos de la/s intervención/es de la revisión.
El objetivo secundario fue investigar si los efectos de la intervención son modificados por los tipos de abuso, los tipos de participantes, el ámbito de la intervención o el estado cognitivo de los pacientes mayores.
Métodos
Criterios de inclusión de estudios para esta revisión
Tipos de estudios
Se incluyeron todos los estudios controlados aleatorios (ECA) que comparaban el uso de estrategias para la prevención y la reducción del abuso recurrente de pacientes mayores con un seguimiento mínimo de 12 semanas en pacientes mayores que viven en la comunidad o en instituciones. Debido a que las intervenciones o para el abuso de pacientes mayores pueden incluir a la comunidad completa o a la ciudad, se incluyeron diseños cuasiexperimentales como los ensayos controlados aleatorios con asignación al azar grupal que usan una población de control de comparación. Aunque la inclusión de ensayos controlados no aleatorios aumenta la susceptibilidad al sesgo, se incluyeron ensayos controlados no aleatorios como estudios de series de tiempo interrumpido (STI), estudios controlados de antes y después (CAD) y los que incluían a grupos comparadores debido a que se ha usado una variedad amplia de enfoques y diseños en las intervenciones del abuso de pacientes mayores y se previó que habría un número limitado de ECA disponibles.
Se incluyeron estudios que comparaban la administración de una intervención para prevenir el abuso de pacientes mayores en un grupo versus el uso de ninguna prevención en el otro. Dentro de los mismos, el componente de intervención de los estudios incluidos podía ser una única intervención o una intervención que se extendiera durante un período de tiempo específico. Sólo se incluyeron estudios que medían la ocurrencia del abuso de pacientes mayores (mediante herramientas estandarizadas subjetivas u objetivas) pre y posintervención.
Tipos de participantes
La población estudiada fueron los pacientes de edad más avanzada que vivían en la comunidad así como los que recibían atención en una institución. Se incluyeron estudios de los pacientes de edad más avanzada (a partir de 60 años de edad) que vivían en la comunidad (su propio hogar o el de otra persona) o en instituciones (como atención residencial, establecimientos de salud o albergues, prisiones o centros de detención). Lo anterior se basa en el límite acordado de las Naciones Unidas para la población mayor (United Nations 2012). Se excluyeron los estudios que se centraban en intervenciones para prevenir otros crímenes contra los pacientes mayores por parte de personas sin una relación o responsabilidad de atención hacia ellos (p.ej. asalto o robos en la calle).
Tipos de intervenciones
La intervención para la prevención del abuso de pacientes mayores (IPAPM) se definió como “cualquier estrategia que evita el posible abuso de pacientes mayores o reduce el abuso recurrente de pacientes mayores” para reducir las tasas del abuso de pacientes mayores en la comunidad y en las instituciones. Los recursos podían ser proporcionados por planificadores del gobierno, grupos comunitarios, instituciones y legisladores. Debido a que las IPAPM podían aplicarse en varios ámbitos, se utilizó el modelo de lógica (Figura 1) para clasificar el tipo de intervención y el nivel (comunidad o individuo) en el cual se utiliza.
Los siguientes son ejemplos de IPAPM que se cree que podrían utilizar para evitar el posible abuso de pacientes mayores o reducir el abuso recurrente de pacientes mayores en la comunidad y las instituciones, compatible con el modelo de lógica incluido en esta revisión. Además, los mismos incluyeron estudios que mejoran la calidad de la atención y las situaciones de vida que proveen barreras a las situaciones de posible abuso; y programas que producen una mejoría en la atención a largo plazo y que reducen la recurrencia del abuso de pacientes mayores. Las siguientes intervenciones reunieron los requisitos dentro del alcance definido de la revisión.
Educación
-
Entrenamiento y desarrollo profesional para los proveedores de servicios en cuanto al abuso de pacientes mayores.
-
Educación para el público y los pacientes mayores, los cuidadores y otros profesionales con objeto de aumentar la concienciación, mejorar las actitudes y desarrollar habilidades para la prevención.
Programas para reducir los factores que influyen en el abuso de pacientes mayores
-
Las intervenciones que reducen los factores de riesgo, p.ej. programas psicológicos (manejo de la ira y el estrés), terapia conductual, provisión de relevo de la atención y grupos de apoyo social para los cuidadores.
-
Programas de reducción de restricciones y políticas institucionales para limitar el uso innecesario de restricciones físicas.
-
Programas intergeneracionales para crear actitudes positivas hacia los pacientes mayores.
Políticas específicas sobre el abuso de pacientes mayores
-
Las políticas relacionadas con el abuso de pacientes mayores como las que buscan mejorar la vivienda, el transporte, las ciudades adaptadas a las personas de mayor edad, operaciones bancarias, manejo de pensiones y ayuda económica que dan lugar a mejorías en la vida independiente y el bienestar.
Legislación sobre el abuso de pacientes mayores
-
Legislación que da lugar a programas basados en promoción de la causa, programas orientados a la ley y provisiones legales como informe obligatorio, estatutos de protección de adultos y leyes específicas para proteger a los denunciantes, específicamente sobre el abuso de pacientes mayores.
Programas para aumentar la tasa de detección para la prevención del abuso de pacientes mayores
-
Programas que intentan aumentar la tasa de detección, como visitas a domicilio, evaluación geriátrica domiciliaria, líneas de ayuda, entrenamiento para los profesionales sanitarios y asistentes sociales y guías y protocolos para la detección.
Programas dirigidos a las víctimas del abuso de pacientes mayores
-
Programas para las víctimas, como servicios de protección de adultos, albergues de emergencia, servicios residenciales temporales como manejo de las crisis y reubicación para las mejorías en la atención a largo plazo.
Programas de rehabilitación para los responsables del abuso de pacientes mayores
-
Programas de rehabilitación para los responsables, como asistencia legal, intervención psiquiátrica, apoyo y orientación que pueden involucrar aptitudes de resolución de conflictos.
En esta revisión, las intervenciones basadas en educación se agruparon antes de combinar los datos. Otras modalidades de intervenciones se estudiaron como programas individuales debido a las diferencias en los enfoques usados, los motivos, el contenido y los grupos estudiados.
Tipos de medida de resultado
Los siguientes son los resultados primarios y secundarios predefinidos en esta revisión.
Resultados primarios
Un resultado primario es cualquier medida de las tasas del abuso de pacientes mayores en las comunidades o las instituciones. Podrían clasificarse de forma adicional como los siguientes, debido al esfuerzo de la intervención (según lo especificado en la Figura 1):
-
incidencia del abuso de pacientes mayores (nuevos casos de abuso que se presentan);
-
recurrencia del abuso de pacientes mayores (un segundo episodio o un episodio posterior de abuso).
La definición de incidencia del abuso incluyó abuso físico, sexual, emocional, económico y abandono. El abuso podía evaluarse con medidas informadas por el participante (p.ej. Conflict Tactics Scale, Elder Abuse Assessment Instrument, Elder Abuse Suspicion Index, Indicators of Abuse Screen, Elders Psychological Abuse Scale, o según lo definido por los autores), las historias clínicas, el número de órdenes de protección buscadas, las llamadas a la policía o los registros de la policía archivados. La incidencia puede informarse como un recuento de la frecuencia, una tasa o una proporción, aunque debe referirse a una población definida en un período de tiempo específico (Porta 2014).
Resultados secundarios
Los resultados secundarios incluyeron los que pueden estar relacionados con el comportamiento de abuso de pacientes mayores o que explican cómo funcionan las intervenciones para mejorar la calidad de la atención y las situaciones de vida, así como la atención a largo plazo de los pacientes de edad más avanzada y los que reducen el potencial de abuso de pacientes mayores.
Resultados relacionados con los participantes como:
-
aumento de la concienciación con respecto al abuso de pacientes mayores;
-
mejoría en la actitud hacia el abuso de pacientes mayores;
-
mejoría en las aptitudes en cuanto al manejo del abuso de pacientes mayores;
-
aumento de la detección;
-
aumento de la posibilidad de los pacientes de edad más avanzada de vivir de forma independiente.
Resultados relacionados con las víctimas o con el responsable que incluyen:
-
mejoría en el tratamiento de las crisis y la reubicación de las víctimas;
-
mejoría en la resolución de conflictos y el tratamiento de los responsables.
Se informó cualquier resultado adverso de las intervenciones; cuando ocurrió un evento este tipo, los mismos se registraron y se trataron en el resumen narrativo.
Results
Description of studies
See Characteristics of included studies; Characteristics of excluded studies; Ongoing studies
Results of the search
As shown in Figure 2, the electronic searches between 30 August 2015 and 16 March 2016 of the databases yielded 33,488 hits. Web searches and from other sources yielded 3681 additional records. Following the removal of duplicates, 29,761 records remained. After initial screening based on the title, 230 citations were considered potentially eligible and were assessed in full text. Following the review of full‐text, seven studies (nine reports) were identified as meeting the inclusion criteria (Bartels 2005; Brownell 2006; Davis 2001; Hsieh 2009; Cooper 2015; Richardson 2002; Teresi 2013) and one ongoing study (Loh 2015), The results of the searches are shown in Appendix 1 and Appendix 2.
Included studies
Characteristics of included studies. All seven included studies were set in high‐income countries according to the World Bank economic classification (USA four, Taiwan one, and UK two).The included studies were grouped into four of the seven categories defined prior to the commencement of the review and as presented in the logic model. Of the seven included studies, three investigated the effectiveness of educational interventions targeting healthcare professionals (Richardson 2002; Teresi 2013), and caregivers (Hsieh 2009). One randomised study evaluated the effectiveness of a programme aiming to reduce factors influencing elder abuse by promoting the mental health of family carers (Cooper 2015). One study evaluated an intervention designed to increase the detection of abuse (Bartels 2005). Two studies targeted victims of abuse; one by providing a psycho‐social support and a structured educational programme in a group setting (Brownell 2006), and the other, a 'blended' multi‐strategy consisting of a broad community public education strategy followed by active individual social support services and monitoring by police of households (Davis 2001) There were no eligible studies which investigated the effectiveness of rehabilitation programmes for perpetrators of elder abuse, legislation, or specific policies on elder abuse. Summary details of all included studies are found in Table 1.
| Study | Intervention category | Study design | Sample size | Population of Interest | Country | Number of items at low risk of bias |
| Educational Interventions targeted at health professionals and/or carers | ||||||
| Educational Interventions | Controlled before‐and‐after study | 112 (recruited) | Caregivers | Taiwan | 6/11 | |
| Educational Interventions | Randomised controlled trial | 86 | Health personnel | United Kingdom | 8/11 | |
| Educational Interventions | Cluster‐randomised controlled trial | 1405 | Nursing home residents | United States | 6/11 | |
| Progammes to reduce factors influencing elder abuse | ||||||
| Programmes to reduce factors influencing elder abuse | Randomised controlled trial | 260 | Carers (family members) | United Kingdom | 10/11 | |
| Programmes to increase detection | ||||||
| Programmes to increase detection | Controlled before‐and‐after study | 44 clinicians; 100 elderly people | Clinicians and elderly consumer | United States | 2/11 | |
| Programmes targeted to victims | ||||||
| Multi‐component intervention of community‐wide education and then individual level intervention by police and social workers | Randomised controlled trial | 403 | Victims of elder abuse | United States | 3/11 | |
| Psycho‐educational support group structured with educational content | Randomised controlled trial | 16 | Abused elder women | United States | 2/11 | |
Three different study designs were employed in the seven included studies. Five studies were described as randomised with a control or comparison. Four were randomised controlled trials (Brownell 2006; Davis 2001; Cooper 2015 and Richardson 2002) and one was a cluster‐randomised trial (Teresi 2013). Randomised trials were used in studies examining the effectiveness of educational interventions (n = 2), programmes to reduce risk factors (n = 1) and interventions targeted at victims (n = 2). Two of the included studies, one investigating educational interventions (Hsieh 2009), and the other programmes to increase detection (Bartels 2005), used controlled before‐and‐after study designs without randomisation comparing outcomes before and after the implementation of the intervention.
A subjective assessment of intensity was conducted based on the consideration of six criteria as described in the methods section. Two studies were judged to be of high intensity, two of medium intensity and three of low intensity (Table 2). Categorisation of high intensity was typically assigned to an intervention which acted on more than one level within the target population and multiple components as understood by the logic model (Figure 1). For example, Davis 2001 utilised two stages; the first stage targeted the broader public through education, and the second involved participants (victims) who received a visit, and was thus deemed 'high intensity'. Bartels 2005, also a high‐intensity intervention, demonstrated a prolonged duration of delivery (24 months) with a comprehensive program that incorporated 22 assessments and treatment‐planning domains, and involved an extensive number of agencies, and broad participation of clinicians. Cooper 2015, at eight to 14 weeks duration, was of shorter duration than Bartels 2005, however provided a comprehensive approach during the period of intervention. Both Bartels 2005 and Cooper 2015 were deemed 'medium intensity', having intensity scores of six and five, respectively.
| Study | Community Partnerships | Level of Intervention | Reach of Strategies | Magnitude of Intervention | Cost Per Person | Intensity | Overall | Assessment |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | medium | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | low | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | low | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | high | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | medium | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | high | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | low |
Overall assessment of intensity: high (8‐10), medium (5‐7), low (1‐4).
The overall assessment used a subjective informed determination rather than a pre‐defined algorithm. The informed assessment approach was selected as the six categories presented here are not distinct, and the sufficiency of detail varies between the studies.
Excluded studies
Of the 230 papers examined in full text, we found 221 that did not meet our inclusion criteria and that we summarily excluded.The Characteristics of excluded studies table lists the studies that were excluded and the determined reasons. In several cases the studies were excluded for more than one reason. The predominant reasons for studies being excluded at this stage of the selection process were ineligible study design (151), no outcomes measures or no outcomes related to elder abuse (45), not about elder abuse (12), no evaluation described (9), no intervention (2), and not an eligible population (2). Three studies were excluded as while they appeared to use an interrupted time series (ITS) design, they did not have at least three data points before and after the intervention that is necessary to be defined as an ITS study.
Risk of bias in included studies
All included studies were assessed for their risk of bias. We assessed the risk of bias using the Cochrane 'Risk of bias' tool to which we added minor amendments according to EPOC recommendations as outlined in the methods section.The individual assessment and the reasons for the assessment are detailed in the Risk of bias in included studies tables. Graphical presentation of the results of the individual studies and of the overall body of evidence are found in Figure 3 and Figure 4. Assessment using the 'Risk of bias' tool suggests the trustworthiness of the studies across the included body of research was poor. Only one study (Cooper 2015) was judged as having no domains at high risk of bias, with two studies having two (Richardson 2002; Teresi 2013). Across nine of the 11 domains for which studies were judged, at least 40% of studies were judged as being at high risk of bias.
'Risk of bias' summary: review authors' judgements about each risk of bias item for each included study.
'Risk of bias' graph: review authors' judgements about each risk of bias item presented as percentages across all included studies.
General agreement between authors assessing the risks of bias in the studies was high with consensus reached quickly through discussion when queries arose.
Allocation
Selection bias was expected to be relatively low as five of the seven studies were described by the authors as 'randomised'. However, only three ( Cooper 2015; Richardson 2002; Teresi 2013) of the five randomised studies described an adequate method of sequence generation. Allocation concealment was even more problematic, in that only two of the seven studies (29%) were judged as low risk for selection bias (Cooper 2015; Richardson 2002). This was also made more problematic for one study for which the baseline characteristics were not comparable for the intervention and control (Bartels 2005). If those selected for treatment were reversed, there is no assurance the outcome would be the same and thus the findings and conclusions could not be deemed trustworthy. For example, in Bartels 2005 the intervention group had large, medium and small amounts of caseloads, whereas the control had only small and large caseloads. Further, there were also differences in the average number of clinicians and average elderly persons between the intervention and comparison groups.
Blinding
Blinding effects both measurement bias and performance bias. In these studies, blinding of the participants was generally inadequate to minimise these biases. Two (Cooper 2015; Teresi 2013) of the seven studies blinded both participant and the personnel performing the intervention. We judged four studies at high risk of bias (Bartels 2005; Davis 2001; Hsieh 2009; Richardson 2002) given the lack of blinding for both those providing the intervention and for the participants (a combined assessment). Although Richardson 2002 did not blind interventionists, the participants' outcome assessment was blinded as the tutor and persons undertaking the rating were blinded as to who was participating in the study. On this aspect, there were two studies where the risk of bias associated with outcome assessment (detection bias) was at high risk (Hsieh 2009 and Bartels 2005), and two were the outcome assessment was unclear (Brownell 2006; Davis 2001). The knowledge of the allocated intervention within the context of outcome assessment resulted in a high risk of bias in three studies (Bartels 2005; Hsieh 2009; Teresi 2013). In the case of Teresi 2013, this was related to an inability to blind the certified nursing group.
Incomplete outcome data
The data were generally complete for the included studies and this was one of the two domains with better scores. Only one study (Davis 2001) was judged at high risk of bias. Davis 2001 experienced dropout rates in the control group ranging from 35.1% to 39.7%, and in the home‐visiting intervention group ranging from 25.8% to 29.7%. The remaining six studies were all judged at low risk of bias for this domain.
Selective reporting
Selective reporting of outcome bias was relatively low. Only one study was judged at high risk of selective reporting (Brownell 2006), with six studies being seen as being at low risk of bias for this domain. The outcomes generally aligned with the intent of the study, although an absence of trial registration and publication of protocols made this more difficult to assess. In the one study assessed as high risk of bias, Brownell 2006, one of the secondary measures (self‐esteem) was not reported.
Other potential sources of bias
As discussed in the Methods section, the inclusion of non‐randomised studies in this review prompted the assessment of additional 'Risk of bias' domains. Of concern, overall, 40% the studies were judged as being at high risk of bias when considering similarity between groups at baseline, prevention of knowledge of allocation concealment during the study, protection against contamination, and other biases. Most studies failed to describe efforts aimed at preventing contamination where it may have been possible to occur (e.g.Bartels 2005; Brownell 2006) resulting in an assessment of “unclear" risk of bias for more than half of the studies. High risk of bias from continuation was apparent in Davis 2001 where a cross‐over of participants occurred during the study. More complicated, Teresi 2013 involved randomisation of units within the same facility, and thus there was potential for the control groups to also receive the intervention.
Effects of interventions
See: Summary of findings for the main comparison ; Summary of findings 2 ; Summary of findings 3 ; Summary of findings 4
As reported previously, the nature of the studies included in this review, as well as the outcomes and data reported meant that it would be inappropriate to conduct any formal statistical pooling of studies of the primary outcome measures of occurrence or recurrence of abuse. The synthesis presented here is therefore predominantly narrative with findings organised by elder abuse preventive initiative (EAPI) as defined in the methods and presented in the logic model (Figure 1). Within these categories, findings from randomised and non‐randomised studies have been presented separated. To help the reader appreciate the evidence around individual outcomes, we also synthesised findings around the primary and secondary outcomes.
For each of the EAPI's for which there were included studies, a 'Summary of findings' table was developed (summary of findings Table for the main comparison; summary of findings Table 2; summary of findings Table 3; summary of findings Table 4). In addition, details of the design, sample size, population included, country of study, and 'Risk of bias' domains judged to be at low risk of bias of the individual studies have been summarised in a separate table (Table 1).
Educational Interventions for health practitioners and/or carers
Three studies investigating the effects of educational interventions were included in this review. Of these, two were randomised studies (Richardson 2002; Teresi 2013), and one was a controlled before and after study (Hsieh 2009). Two of the interventions included in this category were aimed at health practitioners (nurses, trainee psychiatrists, care assistants etc), while one was aimed at caregivers (Hsieh 2009). Findings are summarised in the summary of findings Table for the main comparison, however we were unable to perform any meta‐analysis given the differences in interventions, populations and outcomes used in the included studies, and therefore the results of the studies are presented below individually. Each of the studies did however measure knowledge and found that through their interventions they were able to improve knowledge relevant to elder abuse.
Randomised studies
In Richardson 2002, a study having two items judged as being at high risk of bias, the investigators aimed to determine the effectiveness of attending an educational course compared to printed educational material in improving the management of abuse of older people by nurses, care assistants and social workers. Participants were randomised to receive either an educational course (n = 44) or reading material (comparison) (n = 42). Outcomes were measured using a knowledge and management questionnaire based on vignettes of realistic or actual scenarios, given pre‐ and post‐intervention (KAMA ‐knowledge and management). The authors reported a significant difference between groups at baseline with those receiving the educational course having significantly higher mean KAMA scores (P = 0.0001). Post‐intervention results indicated that those participating in the educational course improved (3.7), while those who received the material declined (‐2.9), with an adjusted mean difference of 6.6 (95% confidence interval (CI) 1.97 to 11.23) in favour of the intervention. It was difficult to determine whether this difference was due to the intervention or to the difference in baseline scores. Analysis using ANOVA indicated that the only other significant variables ‐ other then being randomised to the educational course ‐ were low baseline scores. Further, there was no reporting of a difference between the two groups at post‐intervention with mean KAMA scores at this time point. The review authors calculated an adjusted mean difference of 6.6 and an adjusted % change relative to control group of 25.8%.
The intervention group had a higher positive attitude at both baseline and at post‐intervention. The adjusted mean difference was 0.2, and the adjusted % relative to control group was 3.2%.
For burn‐out, there was no significant difference between intervention and control at follow‐up (MD1.50, 95% CI ‐6.75 to 3.75). Adjusted mean difference was 0.1, and the adjusted % change relative to control group 0.6%.
Teresi 2013 was a prospective cluster‐randomised study which sought to evaluate the impact of a training program plus an implementation protocol to increase the knowledge, recognition and reporting of resident‐to‐resident elder mistreatment (R‐REM) in nursing homes. Nursing home units of five large facilities were randomised with nursing staff from 23 nursing homes receiving three modules of training around recognising, and managing R‐REM, as well as implementing a best‐practice protocol and improving reporting of R‐REM. Importantly, the study was deemed to be of unclear risk of selection bias due to inadequate information of allocation concealment. Staff (n = 325) in the 24 control units only received training on the reporting form used to collect outcome data regarding the 1405 residents, 685 control and 720 intervention).
At six months the adjusted mean difference for the staff‐reported number of incidents in the previous two weeks was 0.82, and the adjusted % change relative to control group was 304%. However at 12 months, the adjusted mean difference was 0.42, and the adjusted % change relative to control group 420%.
Staff knowledge (related to R‐REM) and frequency of recognition and reported R‐REM was measured only for the intervention group thus forming a process description (not an outcome assessment). Follow‐up measurements at six and 12 months suggested a significant increase in knowledge of elder‐to‐elder abuse (P < 0.001), significantly increased recognition of R‐REM occurring (P < 0.001), and significantly increased longitudinal reporting (documentation) as compared with the control group (P = 0.0058). Detection bias was high as the assessors had knowledge of the intervention. This was maintained with the experimental group reporting seven times as many incidents at six months and 12 times as many incidents at 12 months with 23 cases detected in the control and 239 in the intervention (Poisson model P = 0.0058).The process evaluation also found that management skills increased for the intervention group.
Non‐randomised study
Hsieh 2009 was a controlled before‐and‐after study in which 50 caregivers from two nursing homes in southern Taiwan attended eight group sessions of 1 to 1.5 hours length over an eight‐week period. Caregivers from two other nursing homes served as the control group (n = 50) (112 randomised). The outcomes measured included the Caregiver Psychological Elder Abuse Behavior (CPEAB) Scale for which a high score indicated a higher tendency towards abusive behaviour. The adjusted mean difference was ‐3.46 and adjusted % change relative to the control group was 11.4%. Statistically significant differences between the post‐test scores of the two groups relative to CPEAB were found (F = 4.02, P = 0.048 and 0.018, respectively). For the Knowledge of Gerontology Scale (KGNS), the adjusted mean difference was 1.32, and the adjusted % change relative to control group 5%. For the Work Stressors Inventory (WSI), the adjusted mean difference was 3.2, and adjusted % change relative to control group of 6% (overall comparison, P = 0.666) . The results suggested a significant difference in the alleviation of caregiver psychological abusive behaviour and improvement in knowledge of elder care, however the trustworthiness of this finding is low as both selection and detection bias were high. There was no difference reported in carer stress.
In summary, across the three studies, it is uncertain that these programs improve knowledge (based on a ' very low' GRADE rating), and if it did, whether it would translate into a reduction of elder abuse. Such programs may be able to improve the ability to detect resident‐to‐resident abuse (based on a 'low' GRADE rating).
Programme to reduce factors influencing elder abuse
Only one study investigated a programme to reduce factors influencing elder abuse (Cooper 2015). This low risk of bias study targeted carers of family members suffering from dementia and reported an outcome related to potentially abusive carer behaviour towards those in their care. summary of findings Table 2
Randomised study
The START trial (Cooper 2015), a low risk of bias study, randomised primary carers of family members suffering from dementia (but not living in 24‐hour care) to receive eight sessions of a manual‐based coping strategy delivered over an eight‐ to 14‐week period (n = 173) or usual care (n = 87) . The purpose of this well‐conducted study was to evaluate the effectiveness of an intervention designed to promote the mental health of carers of family members with dementia. A modified conflict scale of potentially abusive carer behaviours towards the recipient of their care was utilised for the primary outcome. There was no significant difference between reporting of less abusive behaviour in carers in the intervention group compared to those in the control group at eight months (adjusted OR 0.48, 95% CI 0.18 to 1.27) and at 24 months (adjusted OR 0.59, 95% CI 0.27 to 1.28). Secondary outcomes of anxiety and depression and quality of life of both the carer and the recipient of care were measured at three time points over an eight‐week period. The measures of anxiety, depression and quality of life favoured the intervention. For anxiety, the mean total scores on the hospital anxiety and depression scale (HADS) were statistically lower in the intervention group than in the usual care group over the eight‐month evaluation period with an adjusted difference in means of ‐1.80 points (95% confidence interval ‐3.29 to ‐0.31; P = 0.02) and absolute difference in means of ‐2.0 points. Health status (carers) was statistically higher (adjusted treatment effect scores 4.55 (0.92 to 8.17) (n = 219)). Carers in the intervention group were less likely to have case‐level depression (OR 0.24, 95% CI 0.07 to 0.76), and there was not a statistically significant reduction in case‐level anxiety (OR 0.30, 95% CI 0.08 to 1.05). Treatment effect reported was adjusted for baseline score and centre: ‐0.88 (‐1.68 to ‐0.09) (n = 229). Carers' quality of life was higher in the intervention group (difference in means 4.09, 95% CI 0.34 to 7.83), but not for the recipient of care (difference in means 0.59, ‐0.72 to 1.89). We graded the outcome of occurrence of abuse as 'low quality' as the findings are based on one study which had serious imprecision as it was underpowered for the outcome measures. However, for the combined surrogate outcome of 'anxiety and depression', we graded the evidence as 'moderate quality', indicating that this intervention approach probably reduces anxiety and depression of caregivers. It is unclear whether this translates into less abuse as occurrence is not reported.
Programme to increase detection rate for prevention of elder abuse
One non‐randomised controlled trial at high risk of bias reported on an intervention that included a component to improve the documentation of abuse and neglect which the study reported on as an outcome. summary of findings Table 3.
Non‐randomised study
Bartels 2005 reported on a controlled before‐and‐after study evaluating the effectiveness of an assessment and service planning intervention for improving the clinical practices of non‐physician community mental health providers caring for older persons. The intervention was an integrated system of clinical assessment, decision support, and outcomes measurement process designed to improve assessment practices and service planning for older adults with mental illness. Thirteen community mental health organisations and home healthcare organisations were assigned to intervention or comparison groups. Clinicians in the intervention group received a review of the assessment and service planning methodology. The clinicians from both groups were asked to enrol eligible older adult persons. Only secondary outcomes are reported.
There were no differences in clinician‐reported baseline assessment practices for neglect and abuse between the intervention and comparison groups. The analyses compared pre–post change scores between the intervention group and the comparison group and reported an odds ratio of 6.50 (however neither the P value or confidence interval was provided to substantiate the claim that it is 'significant' (n = 44 clinicians)). Re‐analysis by the review authors found an adjusted risk difference (RD) of 37.2 (95% CI ‐3.5 to 77.9) and adjusted RR of 3.24 (95% CI 0.75 to 13.9). Chart reviews at 12 months suggested the intervention was associated with an increase in assessment and documentation of domains relating to abuse including safety, and neglect and abuse.
The study authors stated that there was a significant increase at follow‐up in the proportion of charts which documented neglect and abuse in the intervention group (baseline 19.7%; follow‐up 91.8%) compared to the comparison group (baseline 0%, follow‐up 2.6%) ('odds ratio could not be calculated'). Re‐analysis of the chart audits by the review authors found an adjusted RD of 69.5 (95% CI 62.9 to 71.1) showing evidence of increased documentation. The adjusted RR could not be calculated from the data provided.
The GRADE of the evidence is 'very low quality' as it represents one study which is at seriously high risk of bias over eight of the 11 items assessed, and lacked transparency in the analysis to support claims made by the authors.
Programmes targeted to victims of elder abuse
Two randomised studies investigated the effectiveness of programs targeted at the victims of elder abuse. The nature of the interventions, however, were very different (one primarily educational and one involving a psycho‐social support group) it was inappropriate to conduct a meta‐analysis. The findings have however been summarised in summary of findings Table 4.
Randomised studies
Davis 2001 reported on a nested randomised control trial within the communities of 403 residents who had previously reported an incident of elder abuse. In the first instance, the communities were randomised to receive or not receive a whole community public education program comprising of presentations by police, posters displayed, and leaflets delivered to all elderly persons. At the individual level, abused participants were then randomised to receive or not receive a multi‐component intervention consisting of police and social worker visits with support, following up domestic violence complaints and household monitoring by police. Reccurence of elder abuse was measured over an 18‐month period. While the home visit intervention produced no difference in victims knowledge of elder abuse issues, their use of social services or their psychological well‐being, the outcome for the intervention group was worse than the controls as they were more likely to report new instances of abuse to police and research personnel. The Hazard ratio (HR) from a cox multiple regression analysis was reported: public education ( HR =1.26, home visit HR=2.05 (alpha level 0.05) and both public education and home visit HR = 1.78 (alpha level = 0.01), (n = 403). As no baseline data are provided for knowledge and the use of services at baseline, no meaningful comparison of the effects of the intervention are available for reporting.
Brownell 2006 was a very small randomised controlled trial in which victims (all mistreated at baseline) were randomised to participate in an elder mistreatment psycho‐social support group which included a structured curriculum of learning on domestic violence and abuse and neglect amongst other topics delivered in two‐hour sessions for eight consecutive weeks (n = 9), or no intervention (n = 6). As with the previous study, this small study reported the primary outcomes of recurrence of victim abuse. For physical abuse, post‐test: 0% of controls and 13% of intervention participants reported abuse (P = 0.41). The adjusted RR could not be calculated although the adjusted RD was 34 (95% CI ‐23.5 to 91.5). For non‐physical abuse, 75% of controls and 83% of intervention participants reported non‐physical abuse during the study with a comparison between intervention and control groups finding no significant difference (P = 0.71), with an adjusted RR 0.91 (95% CI 0.58 to 1.45) and an adjusted RD ‐9 ( 95% CI ‐56.8 to 38.8).
There was no statistically significant difference between the groups for depression as indicated by the adjusted RR (adjusted RR .42, (95% CI 0.05 to 3.7), an adjusted RD (adjusted RD ‐19 (95% CI ‐60 to 22.0)). Guilt was also not statistically different ((adjusted RR 1.33 (95% CI 0.30 to 5.89); and adjusted RD 3 (95% CI ‐11.5 to 17.5)).
There was Insuffcient reporting of Self‐Esteem (Rosenberg scale), and the findings for Sense of Control and Social Support, anxiety and somatisation were not reported.
No firm conclusions can be drawn from this study due to its small size and high risk of bias on eight of the 11 categories assessed.
Rehabilitation programmes for perpetrators of elder abuse
There we no eligible studies of programmes for perpetrators.
Primary outcomes
The details of the primary outcomes measured by the included studies are provided in Table 3 and Table 4, and described earlier in Effects of interventions. Two of the included studies used measures or proxy measures for outcomes relating to the occurrence of elder abuse (Cooper 2015; Hsieh 2009), and two studies measured the recurrence of abuse (Brownell 2006; Davis 2001). The tools and methods used to measure these outcomes varied between studies as did the interventions which the studies evaluated.
| Study/outcome | |||||||
| Intervention approach | Educational intervention health professionals | Educational intervention for health professionals | Educational intervention for carers | Programmes targeted to victims, support group and education | Programmes targeted to victims, multi‐component, community education and individual intervention by police and social workers | Programs to reduce factors influencing elderly abuse (family members) | Programs for increasing detection for preventing elderly abuse |
| Intervention level | S | S | S | T | T | P | T |
| Primary outcomes | |||||||
| Abuse occurrence | ￭ | ￭ | |||||
| Abuse recurrence | ￭ | ￭ | ￭ | ||||
| Secondary outcomes ‐ Participant‐related outcomes | |||||||
| Improve detection | ￭ | ￭ | ￭ | ||||
| Improve management skills | ￭ | ||||||
| Improve knowledge | ￭ | ￭ | ￭ | ||||
| Improve attitudes | ￭ | ||||||
| Burn‐out | ￭ | ||||||
| Stress | ￭ | ||||||
| Sucide | ￭ | ||||||
| Self‐esteem | ￭ | ￭ | |||||
| Depression | ￭ | ￭ | |||||
| Anxiety | ￭ | ￭ | |||||
| Guilt | ￭ | ||||||
| Quality of Life | ￭ | ||||||
| Service satisfaction | ￭ | ||||||
| Service delivery | ￭ | ||||||
| Secondary outcomes ‐ Victim or perpetrator‐related outcomes* | |||||||
| Crisis management | |||||||
| Management of perpetrators | |||||||
Level of intervention: P: Primary S: Secondary T:Tertiary
*None identified in the included studies.
| Author | Type of intervention | Study design | Type of abuse measured | Measurement for outcome | Authors' FIndings |
| Programme to reduce factors influencing elder abuse | Pragmatic randomised parallel group superiority trial | Occurrence of abuse | Modified conflict tactics scale | Family member carers in the intervention group report lower abusive behaviour (MCTS ‐ modified conflict tactics scale with at least 1 item scoring > 2) towards the recipient of care compared with those in the treatment as usual group which were not statistically significant 24 months. 8 months: treatment effect: OR 0.47, 95% CI 0.18 to 1.23, P > 0.05 (n = 214) Adjusted OR 0.48, 95% CI 0.18 to 1.27 (n = 206) 24 months: Treament effect: Adjusted for baseline OR 0.59, 95% CI 0.27 to 1.28 (n = 213) | |
| Educational interventions (for health professionals and/or carers) | Controlled before‐and‐after trial | Occurrence of abuse | Caregiver Psychological Elder Abuse Behavior Scale (CPEAB) | Caregivers’ abusive behaviours: (n = 50, each group analysed) Decreased significantly after the intervention. The intervention group’s change from baseline (Mean 31.22, 95% CI 29.53 to 32.91, SD 6.10) to post‐test (Mean 29.16, 95% CI 27.49 to 30.83, SD 6.02) (P = 0.01). (n = 100 analysed) No significant differences between the pre‐ (Mean 28.98, 95% CI 27.36 to 30.6, SD 5.84) and post‐tests (Mean 30.38, 95% CI 28.76 to 32, SD 5.84) in the control group (P < 0.179). Adjusted mean difference ‐3.46, Adjusted % change relative to the control group 11.4% (confidence intervals can not be calculated) Statistically significant differences between the post‐test scores of the two groups relative to CPEAB (F = 4.02, P = 0.05 and 0.02, respectively). | |
| Programmes for victims (Psyco‐educational support groups) | Randomised controlled trial | Recurrence of abuse: "Non‐physical abuse"; "physical abuse" | Hartford Study Physical Abuse Subscale, Hartford Study Non‐physical Abuse Subscale | Findings based on Intervention of 9 persons, control 6. Only women only included. Physical abuse reported: Pre‐test: 43% of controls and 22% of intervention participants Post‐test: 0% of controls and 13% of intervention participants (n = 15, post‐intervention & control comparison, P = 0.41). Adjusted RR can not be calculated. Adjusted RD 34, 95% CI ‐23.5 to 91.5 Non‐physical abuse reported: Pre‐test: 83% of controls and 100% of intervention participants. Post‐test: 75% of controls and 83% of intervention participants reported non‐physical abuse at post‐test. Intervention & control comparison, P = 0.71, n = 15. Adjusted RR 0.91, 95 CI 0.58 to 1.45. Adjusted RD ‐9, 95% CI ‐56.8 to 38.8 (Neither OR or RR were provided by the authors, but calculated by review authors) | |
| Programme for victims (including a whole of community component of public education) | Nested randomised controlled trial | Recurrence of abuse | Modified version of Conflict Tactic Scale | Elderly who received public education did not differ from those in the control group. However, elderly in the home visit group fared worse than those in the control group, while those who received both treatment reported more repeated victimisation. All persons reported abuse at baseline. Total abuse: At 6 months, total abuse reported repeated victimisation* No intervention: mean 5.87, 95% CI 3.39 to 8.35 SD 12.63 Public education: mean 3.18, 95% CI 1.79 to 4.57, SD 7.11, Home visit: mean 4.61, 95% CI 2.47 to 6.75, SD 10.92 Both (PE+HV): mean 12.63, 95% CI 8.13 to 17.13, SD 25.96. At 12 months, total abuse reported victimisation*. No intervention: mean 5.36, 95% CI 3.66 to 7.06 ,SD 8.67 Public education: mean 4.07, 95% CI 2.32 to 5.82, SD 8.94 Home visit: mean 3.66, 95% CI 2.17 to 5.15, SD 7.62 Both (PE+HV): mean 8.58, 95% CI 4.01 to 13.15, SD 23.32 Hazard ratio (HR) from Cox multiple regression: Public education HR 1.26, Home visit HR = 2.05 (alpha level 0.05), Both (PE+HV) HR = 1.78 (alpha level = 0.01), n = 403 *The study does not specify the exact numbers of participants in each group. The review authors have made the 95%CI calculations based upon an estimate of 100 persons in each group. The 95% CI are indicative only. |
Study arranged according to type of intervention, followed by study design
OR: odds ratio, RD: risk difference, RR: relative risk, SD: standard deviation
Of the studies measuring the occurrence of elder abuse, only Hsieh 2009, a non‐randomised study at high risk of bias, examining an educational intervention in caregivers in nursing homes in Taiwan, reported a between‐group effect of a net decrease in abusive behaviours, as measured through the Caregiver Psychological Elder Abuse Behavior Scale (between‐group F =4.02, P = 0048). Using the data provided, the mean difference in the post‐test measures for intervention and control was ‐1.22 (95% CI ‐13.5 to 1.10). In a randomised trial, at low risk of bias, the post‐mean difference of an intervention intended to promote the mental health of family carers showed no significant difference in the reporting of less abusive behaviour in carers in the intervention group (Cooper 2015).
Two studies investigated interventions which targeted victims of abuse. A trial of an intervention which included a home visit by a police officer and a social worker to victims of elder abuse reported an increase in the occurrence or reporting of abuse in the intervention group over a 12‐month follow‐up (Davis 2001). A small randomised study (n = 14) evaluating the effectiveness of a psycho‐social support group with relevant curriculum, found no difference on re‐occurence of abuse between the two groups (Brownell 2006).
Secondary outcomes ‐ participant‐related outcomes
Secondary outcomes reported in the included studies are detailed in Table 5, and described earlier in the Effects of interventions section.
| Author | Type of intervention | Study design | Types of secondary outcomes measured | Measurement for outcome | Authors' FIndings |
| Programme to reduce factors influencing elder abuse | Pragmatic randomised parallel group superiority trial | Carer‐related risk factors | Hospital anxiety and depression scale health status questionnaire (family member carers), depression, quality of life‐Alzheimer's disease | Anxiety: Mean total scores on the hospital anxiety and depression scale were statistically lower in the intervention group than in the usual care group over the eight‐month evaluation period: adjusted difference in means ‐1.80 points (95% CI ‐3.29 to ‐0.31, P = 0.02) and absolute difference in means ‐2.0 points. Health status (carers): Statistically higher, adjusted treatment effect 4.55 (95% CI 0.92 to 8.17) (n = 219) Depression: Carers in the intervention group were less likely to have case‐level depression (OR 0.24, 95% CI 0.07 to 0.76) and there was not a statistically significant reduction in case level anxiety (0.30, 95% CI 0.08 to 1.05). Treatment effect reported adjusted for baseline score and centre: ‐0.88 (‐1.68 to ‐0.09) (n = 229) Quality of life: Carers' quality of life was higher in the intervention group (difference in means 4.09, 95% CI 0.34 to 7.83) but not for the recipient of care (difference in means 0.59, 95% CI ‐0.72 to 1.89). | |
| Educational interventions (for health professionals and/or carers) | Controlled before‐and‐after, not randomised | Caregivier related | Knowledge of Gerontology Nursing Scale (KGNS) Work Stressors Inventory (WSI), | KGNS: Statistically significant differences were found between the post‐test scores of the two groups for KGNS (P = 0.018), improved significantly for the intervention group. Post‐test Intervention (n = 50, each group) Intervention group: Mean scores increased, pre‐test mean 28.74, 26.89 to 30.59, SD 6.67 and post‐intervention mean 32.96, 95% CI 31.07 to 34.85, SD 6.82. Control group: No significant differences between the pre‐ and post‐tests on KGNS measures (pre‐test = mean 26.06, 95% CI 23.97 to 28.15, SD 7.55; post‐test = mean 28.96, 95% CI 27.17 to 30.75, SD 6.47; P = 0.065) Adjusted mean difference 1.32 Adjusted % change relative to control group 5% Stress (WSI): no effect on caregivers' perceived level of stress between intervention and control groups. Intervention group: pre‐test mean 64.14, 95% CI 47.53 to 61.63, SD 20.52; post‐test mean 59.42, 95% CI 53.31 to 65.53, SD 22.04. Control group: pre‐test mean 59.50, 95% CI 52.37 to 66.63, SD 25.72; post‐test = mean 54.58, 95% CI SD 25.44; P = 0.330). Adjusted mean difference 3.2, adjusted % change relative to control group 6% Overall comparison, P = 0.660. | |
| Educational interventions (for health professionals and/or carers) | RCT pre‐ and post‐ measurements | Caregiver related | Knowledge and Management of Elder Abuse (KAMA) Caregiver Scenario Questionnaire (CSQ) Attitude of Health Care Personnel towards Maslach Burnout Inventory (MBI) | KAMA: There was a significant difference between intervention groups in final KAMA score with those randomised to Intervention ("Group 1" educational course intervention) improving after intervention and Control ("Group 2" educational material ) deteriorating Intervention mean = 3.7; 95% CI 0.85 to 6.55, SD 8.1, Control mean = –2.9; 95% CI ‐6.31 to 0.51, SD 10.0 ANOVA F=23.0; P<0.0001). Adjusted mean difference 6.6, Adjusted % change relative to control group 25.8% Attitude: At baseline Intervention had a significantly more positive attitude than Control 2 (pre‐intervention mean attitude score 13.5; SD 5.4 and 5.6; SD 4.2, respectively; P < 0.0001; mean difference 7.9; 95% CI = 5.1 to 10.7) and post‐intervention score was higher than the control Intervention: mean score 14.3, 95% CI 12.36 to 16.24, SD 5.5 Control mean 6.2, 95% CI 4.39 to 8.01, SD 5.3 P < 0.0001 Mean difference 8.2, 95% CI 5.0 to 11.2 Adjusted mean difference 0.2, adjusted % change relative to control group 3.2% Burn‐out:There were no significant differences in burn‐out scores between Intervention and Control before or after intervention. Intervention: Baselline 16.0, 95% CI 12.69 to 19.31, SD 9.4, Follow‐up 15.2; 95% CI 12.45 to 17.95, SD 7.8. Control Baseline 17.6, 95% CI 13.54 to 21.66, SD 11.9, Follow‐up 16.7; 95% CI 12.71 to 20.69, SD 11.7 Adjusted mean difference 0.1, adjusted % change relative to control group 0.6% | |
| Educational interventions (for health professionals) | Cluster‐RCT | Resident‐to‐resident elder mistreatment focus with caregiver | 10 items knowledge test. Resident‐to‐Resident Elder Mistreatment Behavior | Dectection incidents in the past 2‐weeks: Intervention: (n = 720) Baseline: (n = 353), mean 0.51, 95% CI 0.22 to 0.8, SD 2.79 At 6 months:(n = 580, mean 1.08, 95% CI 0.48 to 1.68, SD 7.34 12 months: (n = 239), mean 0.51, 95% CI, 0 to 1.02, SD 4.01 Control: (n = 784) Baseline: (n = 354) mean 0.52, 95% CI 0.17 to 0.87, SD 3.4 At 6 months: (n = 79) mean 0.27, 95% CI 0.00 to 0.59, SD 1.46 12 months: (n = 23) mean 0.10, 95% CI 0.00 to 0.26, SD 0.39 At 6 months: Adjusted mean difference 0.82 Adjusted % change relative to control group 304% At 12 months: Adjusted mean difference 0.42 Adjusted % change relative to control group 420% The intervention group reported more incidents at 6 and 12 months than did the control group. The sum of incidents reported during the staff interview at baseline for the previous two week period was 354 for the control group and 353 for the experimental group. After training, the six‐month numbers for the control and experimental groups were 79 and 580 and at 12 months 23 and 239, respectively.(Poisson model P = 0.0058) Knowledge scores, reported only for intervention group: Nursing staff’s gain in knowledge was significantly higher for both Module 1 (Pre‐test mean 7.43, 95% CI 7.3 to 7.56 SD 1.16 n = 319; post‐test Mean 8.13, 95% CI 7.99 to 8.27, SD 1.29; P < 0.001) Module 2 (Pre‐test mean 7.40, 95% CI 7.22 to 7.58 SD 1.54; n = 271; post‐test mean 8.38, 95% CI 8.2 to 8.56, SD 1.52; P < 0.001) in intervention group without comparison to the control group. Process evaluation: showed management skills increased for the intervention group: Baseline 7.43 SE 1.54, follow‐up 8.38, SE1.52. | |
| Programme to increase detection of elder abuse | Controlled before‐and‐after trial, not randomised | Assessment practices | Interview and audit of clinician practices of abuse identification | There were no differences in clinician‐reported baseline assessment practices for neglect and abuse between the intervention and comparison group. However, baseline comparisons of medical records found greater documentation for neglect and abuse within intervention agencies Neglect and abuse Clinican interview. clinicians reporting assessment of neglect and abuse Intervention (n = 26) Baseline: 11.5% Year 1 follow‐up : 65.4% Control (n = 18) Baseline: 22.2% Year 1 follow‐up 38.9% Reported OR = 6.50 Authors state that at 1‐year follow‐up, there was a significant increase in the proportion of clinicians in the intervention group (baseline 11.5%, follow‐up 65.4%) who reported routinely conducting clinical assessments in neglect and abuse domain. In contrast, there was little change in reported clinical practices by clinicians in the comparison sites (baseline 22.2%, follow‐up 38.9%). The analyses compared pre–post change scores between the intervention group and the comparison group and have reported OR of 6.50, however neither the P value or confidence interval is provided to substantiate the claim that it is 'significant'. (n = 44) Re‐analysis by review authors: adjusted RD 37.2, 95% CI ‐3.5 to 77.9; adjusted RR 3.24, 95% CI 0.75 to 13.9 (not statistically different) Chart audit: The authors states that there was a significant increase in the proportion of charts which documented neglect and abuse in the intervention group (baseline 19.7%; follow‐up 91.8%) compared to the comparison group (baseline 0%, follow‐up 2.6%) at follow‐up. Chart audit: Intervention (n = 61 charts audited) Baseline 19.7 % 1‐year follow‐up: 91.8% Control (n = 39) Baseline 0.0% Follow‐up 2.6% 'Odds ratio could not be calculated' Re‐analysis by review authors: adjusted RD 69.5, 95% CI 62.9 to 71.1; adjusted RR could not be calculated. | |
| Programme for victims (psycho‐educational support groups) | Randomised controlled trial | Victims: sense of control, social support, alcohol abuse, depression, drug use, family relationship problems, guilt, suicide, anxiety and somatisation | CESB‐D 10 Hartford Study; Guilt Subscale; Rosenberg Self‐Esteem Scale; Health Locus of Control Scale; Medical Outcomes Study Social Support Survey; BSI‐18 | Recruitment of 16 women, 15 completers. 9 intervention, 6 control There were no significant changes in outcome measures for either control or intervention group participants after the intervention ended; depression, guilt, and self‐esteem (n = 15). Depression: 14% of controls and 56% of intervention participants suffered from depression at pre‐test. 33% of controls and 56% of intervention participants suffered from depression at post‐test. (Post, intervention & control comparison P = 0.49). Guilt: 28% of the control participants scored above threshold and 33% of the intervention participants scored above threshold at pre‐test. 14% of the control participants scored above threshold and 22% of the intervention participants scored above threshold at post‐test.(post, intervention & control comparison P = 0.75). Calculated adjusted RR 1.33 (favouring control) 95% CI 0.30 to 5.89. Adjusted RD 3, 95 CI ‐11.5 to 17.5. Self‐Esteem (Rosenberg scale): Authors stated "Participants scored an average of 32, which is above the midpoint." Average score for either groups not reported. Findings on Sense of Control and Social Support, anxiety and somatisation not reported. | |
| Programme for victims (including a whole of community component of public education) | Nested randomised controlled trial | Victims: i) knowledge of services ii) satisfaction with police iii) assessment of service delivery iv) self‐esteem v) well‐being of victims | i) six‐item Use of Services Scale ii) self‐developed questions iii) self‐developed questions iv) Rosenberg Self‐esteem v) Bradburn Affect‐Balance Scale | No baseline data are provided for comparison, The study authors stated there was no significant difference between intervention and control group in relation to knowledge about elder abuse or awareness and use of services at 6th or 12th months. There is no significant difference between experimental and control group in their psychological states. Without baseline comparison, no further reporting is warranted.See Davis 2001 for further detail. |
CI: confidence interval, OR: odds ratio, RD: risk difference, RR: relative risk, SD: standard deviation
Increased awareness regarding elder abuse
No studies included outcomes relating to increasing the awareness of elder abuses.
Improvement in knowledge and attitude towards elder abuse
Several studies included outcomes that related to the knowledge and attitude of carers towards elder abuse. Educational interventions, appeared to be broadly effective at increasing knowledge regarding elder abuse with Hsieh 2009, Richardson 2002, and Teresi 2013 all reporting an increase in knowledge in health professionals included in their studies. Richardson 2002 also reported on attitudes of staff towards demented patients, and while there was no difference brought about by the intervention, it was noted that pre‐intervention scores were high, so no improvement would have been expected.
Improvement in skills towards handling elder abuse
While some studies included measurement of reporting or detection behaviours, skills were not measured in any of the trials included, with the exception of Teresi 2013, which demonstrated a gain in knowledge of management of resident‐to‐resident elder mistreatment after an educational module in the intervention group, but this was not compared to the control.
Increased detection
The concept of measuring improvement in detection or reporting as opposed to the occurrence or recurrence of abuse is complicated. Nonetheless, Bartels 2005 and Teresi 2013 included outcomes related to the detection or reporting of elder abuse. The educational intervention evaluated by Teresi 2013 was effective at improving recognition and longitudinal reporting of resident‐to‐resident abuse.
In a study designed to improve detection through the improvement of mental health screening and service planning practices by clinicians for older adults, Bartels 2005 found that an assessment and service planning intervention was associated with an increase in assessment and documentation of domains relating to abuse including safety, and neglect and abuse.
Increase in elderly independent living
No studies measured elderly independent living
Secondary outcomes ‐ victim‐ or perpetrator‐related outcomes
Improvement in crisis management and relocation of victims
No studies measured improvement in crisis management or relocation of victims.
Improvement in conflict resolution and management of perpetrators
No studies measured improvement in conflict resolution and management of perpetrators.
More intense studies
Four of the studies included in the review were classed as being medium to highly intensive based upon the subjective assessment in the methods section (Bartels 2005; Cooper 2015; Davis 2001; Teresi 2013). Of these studies, Bartels 2005 did however show some effect, but because of high risk of bias of the included studies, incompleteness of reporting, inconsistency of the effectiveness, and the heterogeneity observed in the intervention approaches, no firm conclusion can be drawn.
Discusión
Resumen de los resultados principales
Siete estudios cumplieron los criterios de inclusión en esta revisión; cinco de los cuales fueron descritos como “ensayos aleatorios”. Estos siete estudios investigaron la eficacia de las intervenciones dirigidas a reducir la ocurrencia o la recurrencia del abuso de pacientes mayores al actuar en los mecanismos que se consideran capaces de moderar los resultados a largo plazo. Cinco de los estudios procuraron modificar el comportamiento de los cuidadores, los miembros de la familia, otros proveedores de servicios o las víctimas del abuso a través de la provisión de diversos programas. Hay algunas pruebas para sugerir que las intervenciones pudieron mejorar el conocimiento y las actitudes relevantes al abuso de pacientes mayores; sin embargo, no se conoce su capacidad de cambiar la ocurrencia o la recurrencia del abuso de pacientes mayores. De igual manera, un estudio en bajo riesgo de sesgo (Cooper 2015) dirigido a la promoción de la salud mental de los cuidadores fue exitoso para mejorar determinadas medidas de salud mental, sin embargo, no encontró ninguna diferencia en el resultado “más difícil” del informe de los comportamientos del abuso de pacientes mayores.
Otras intervenciones identificadas en esta revisión procuraron intervenir en las víctimas o los responsables para prevenir la recurrencia del abuso. Aunque hubo algunas pruebas de que estas intervenciones pueden tener algún efecto sobre los resultados más distantes (p.ej. actitudes y enfrentamiento), no existen pruebas para mostrar un efecto sobre la ocurrencia del abuso de pacientes mayores.
Intervenciones educativas
Las intervenciones educativas proporcionaron el grupo más grande de pruebas en esta revisión. La mayoría de las intervenciones educativas se centraron principalmente en los profesionales de la asistencia sanitaria. Hay algunas pruebas limitadas para sugerir que las intervenciones educativas mejoran el conocimiento y las actitudes hacia el abuso de pacientes mayores entre los profesionales de la asistencia sanitaria. No existen pruebas para sugerir si las intervenciones educativas previenen el abuso de pacientes mayores o reducen el abuso recurrente de pacientes mayores u otros resultados relacionados. Sin embargo, hay pruebas recientes (Teresi 2013) de que las intervenciones educativas para los profesionales de la asistencia sanitaria podrían mejorar la detección y el tratamiento del abuso de pacientes mayores.
Se dispone de muy poca información detallada acerca del programa de intervención educativa, que podría ser una guía útil para el desarrollo de programas de estudios futuros. Hay variaciones significativas en los métodos de administración, la frecuencia y la intensidad de los programas educativos utilizados en los estudios incluidos. Las sesiones didácticas directas fueron el método más común de difusión de información, las cuales se realizaron como una sesión única salvo Teresi 2013 y Hsieh 2009. Sólo un estudio comparó la efectividad de los métodos de provisión de información (Richardson 2002). Los hallazgos de dicho estudio sugieren que la difusión de información impresa es menos efectiva en comparación con las sesiones didácticas directas. Una observación realizada en esta revisión se relacionó con la ausencia de una base teórica subyacente para fundamentar estos programas. Las medidas de resultado fueron diferentes entre los estudios, en particular con relación a las herramientas utilizadas y a la duración de la medición. Con dichas variaciones, es difícil extraer cualquier comparación útil. La mayoría de los estudios no proporcionó suficiente información sobre el desarrollo y el proceso de estos programas de intervención como para ser repetidos en otras poblaciones o ámbitos.
Programa para reducir los factores que influyen en el abuso de pacientes mayores
No existen pruebas sólidas para sugerir que los programas dirigidos específicamente a los factores de riesgo en el abuso de pacientes mayores en realidad previenen o reducen el abuso pacientes mayores. El único ensayo controlado aleatorio incluido en esta revisión que examinó este tipo de programa no encontró ninguna diferencia significativa en el informe del comportamiento abusivo entre los cuidadores del grupo de intervención en comparación con los del grupo de control (Cooper 2015).
Programa para aumentar la tasa de detección para la prevención del abuso de pacientes mayores
No existen pruebas suficientes para establecer una conclusión firme acerca de la efectividad de los programas dirigidos específicamente al aumento de la detección a través de intervenciones como visitas a domicilio, evaluación geriátrica domiciliaria y líneas de ayuda. Tampoco hay información acerca de si son útiles para reducir la ocurrencia o la recurrencia del abuso. En un estudio (Bartels 2005), que comparó a médicos que realizaron la atención habitual con médicos del grupo de intervención mediante un sistema integrado nuevo de evaluación clínica, y el apoyo a las decisiones para pacientes mayores con enfermedades mentales. Los médicos del grupo de intervención presentaron mayores probabilidades de detección para la seguridad de los de mayor edad, el abandono y el abuso durante el período de 12 meses que los médicos del grupo de control (atención habitual).
Programas dirigidos a las víctimas
Los resultados de esta revisión indican que hay pruebas fidedignas insuficientes para identificar qué tipo de programas de víctimas son más efectivos y bajo qué circunstancias. Hay indicios de que puede haber efectos negativos perjudiciales asociados con estos programas en los que el abuso se informó más entre los pacientes mayores que recibieron visitas a domicilio que en los del grupo de control (Davis 2001). Los autores del estudio formularon la hipótesis de que era posible que los agresores de los pacientes mayores se enfadaran por los intentos de intervenir. También existe la posibilidad de que los pacientes mayores que recibieron la intervención tuviesen más probabilidades de informar sobre nuevos casos de abuso al personal policial y de investigación durante o después de la intervención.
Por otro lado, Brownell 2006 no encontró ningún cambio significativo en los resultados entre mujeres mayores que eran las víctimas del maltrato y que recibieron apoyo psicosocial. Los resultados insignificantes pueden atribuirse en gran parte a los participantes que ya reciben servicios de otros proveedores de servicios para pacientes mayores antes del estudio, o debido a la ineficacia de los programas o debido a los factores de la implementación de los programas (no informado en los estudios).
Programas de rehabilitación para los responsables
Faltan pruebas para apoyar cualquier intervención específica relacionada con el abuso de pacientes mayores dirigida a los responsables.
Compleción y aplicabilidad general de las pruebas
El modelo de lógica, publicado en el protocolo para esta revisión, nombró siete posibilidades mediante las cuales pueden actuar las intervenciones (educación, reducción de los factores de riesgo influyentes, legislación, políticas para los pacientes mayores, programas para aumentar la detección, programas dirigidos a las víctimas, programas de rehabilitación). Tres de los siete estudios incluidos en esta revisión fueron de intervenciones educativas dirigidas a los profesionales de la salud o a los cuidadores, y otro dirigido a reducir los factores de riesgo de los cuidadores, uno a aumentar la detección, dos de los programas se dirigieron a las víctimas (uno principalmente sobre educación y uno utilizó un grupo de apoyo psicosocial y proporcionó material didáctico), y uno fue un programa dirigido a los responsables. Muchos de estos estudios estuvieron en alto riesgo de sesgo o fueron muy pequeños y por lo tanto carecieron de credibilidad. Por lo tanto, hay brechas considerables en las pruebas disponibles y en la comprensión de los mecanismos efectivos para reducir la incidencia del abuso de pacientes mayores.
El análisis y la aplicación del grupo de pruebas son complicados por la variedad y la confiabilidad de las medidas empleadas en los ensayos. La medición de los resultados del abuso de pacientes mayores es complicada por las causas y las manifestaciones complejas del abuso de pacientes mayores, así como la naturaleza distante y a largo plazo de muchas de las intervenciones que entran en conflicto con las realidades pragmáticas de los ensayos. Además, según el ámbito, los casos de abuso de pacientes mayores pueden ser poco frecuentes y, por lo tanto, requieren un tamaño de la muestra grande para discernir cualquier diferencia significativa. Por lo tanto, los investigadores pueden adoptar medidas sustitutivas o intermedias que reflejan la cascada de acciones que la intervención evaluada está destinada a producir. Por ejemplo, una intervención puede estar diseñada para aumentar el conocimiento, luego cambiar el comportamiento, mejorar la evaluación y el informe y con el tiempo prevenir los casos de abuso de pacientes mayores, o mejorar la detección. Si los resultados difíciles no pueden ser utilizados entonces se necesitan resultados sustitutivos validados, relevantes y significativos. La ausencia de los mismos da lugar inevitablemente a preguntas acerca de cuánta confianza puede depositarse en la conexión entre las medidas sustitutivas y el abuso.
También existe la necesidad significativa de desarrollo y evaluación adicional de las intervenciones, así como la necesidad de explorar la eficacia en diferentes ámbitos. Todos los estudios se realizaron en países de ingresos altos, en tres países occidentales y un país asiático. Hsieh 2009 investigó una intervención educativa relacionada con los cuidadores de hogares para convalecientes en Taiwán. Por lo tanto, la bibliografía proporciona poca orientación en cuanto a la efectividad probable de las intervenciones en diferentes ámbitos, en particular en países de ingresos medios y bajos en los que a menudo hay diferentes expectativas y prácticas en la atención de pacientes mayores y por lo tanto vías probablemente diferentes al abuso. El número limitado de ámbitos explorados en los datos incluidos, por lo tanto, limita de forma adicional la aplicabilidad de los hallazgos del estudio.
Calidad de la evidencia
Dos de los estudios fueron no aleatorios (Bartels 2005; Hsieh 2009), lo cual fue especialmente problemático en cuanto a que a menudo no se llevaron a cabo de forma sólida otros aspectos del diseño del estudio. Varios estudios tuvieron tamaños de la muestra muy pequeños y hubo temas adicionales con relación a la validación de las mediciones y los resultados empleados. Muchos de los estudios estuvieron en alto riesgo de sesgo o en riesgo incierto de sesgo para la mayoría de los dominios, por lo cual la calidad de las pruebas se disminuyó a baja o muy baja.
Sesgos potenciales en el proceso de revisión
Hubo varios sesgos potenciales encontrados durante la identificación de los estudios relevantes en el proceso de revisión. En primer lugar, la naturaleza multidisciplinaria de este tema y la heterogeneidad de las intervenciones impulsó la adopción de un enfoque de estrategia de búsqueda amplia. El tema cruza disciplinas múltiples como la salud, la medicina, las ciencias sociales, la ley y las políticas. Durante el proceso de búsqueda, se encontró que hay una falta de terminología estándar y clara usada dentro de este tema debido al rango de disciplinas, países y el tipo de abuso cubierto en esta revisión. Se utilizó una lista de términos y sinónimos para capturar el concepto de "abuso" en sí, que variaron de abuso, maltrato, agresión, abandono, y demás. Se identificó un tema similar para el concepto de “pacientes mayores” y diversas intervenciones en las que se utilizaron muchos términos y sinónimos además de emplear el truncamiento y operadores de adyacencia durante el proceso de búsqueda para disminuir cualquier posible riesgo de omisión de cualquier estudio relevante. Sin embargo, un enfoque de búsqueda amplia extrajo un gran número de bibliografía irrelevante según se observa en la Figura 2. Además, pocas bases de datos bibliográficas permitieron búsquedas de términos limitados. En consecuencia, se presenta el riesgo de que pudieran omitirse los estudios relevantes en esta revisión. Las búsquedas en las bases de datos tendieron a duplicarse.
Esta revisión tiene criterios de inclusión estrictos, que principalmente incluyen diseños de estudio como series de tiempo interrumpido (STI), estudios de antes y después (CBA) y ensayos controlados aleatorios (ECA) que tienen un período de seguimiento de al menos 12 semanas. Durante el proceso de detección, se encontraron varias intervenciones relevantes del abuso de pacientes mayores, aunque las mismas eran estudios principalmente descriptivos y observacionales y estudios de casos. En los casos en que los diseños del estudio cumplieron con los criterios de inclusión, hubo estudios que tuvieron puntos temporales de medición limitados a una premedición y uno a una posmedición, o ningún grupo de comparación. Tres estudios excluidos aparecieron originalmente con un diseño de STI (Cooper 2012; Nusbaum 2007; Reay 2002), aunque una revisión más minuciosa reveló que había insuficientes mediciones preintervención de los resultados. Se argumenta que los criterios de inclusión estrictos son necesarios debido a que es totalmente vital identificar los estudios metodológicamente rigurosos que pueden aportar pruebas de los resultados sostenibles.
Acuerdos y desacuerdos con otros estudios o revisiones
Esta revisión concuerda con los hallazgos de cuatro revisiones llevadas a cabo recientemente (Alt 2011; Daly 2011; Ploeg 2009; OMS 2011) de que no hay pruebas suficientes sobre las intervenciones para el abuso de pacientes mayores para demostrar la prevención o la reducción del abuso de pacientes mayores. Entre estas intervenciones, en particular, no hubo estudios en bajo riesgo de sesgo sobre la provisión de servicios protectores para adultos, albergues de emergencia, apoyo a las legislaciones, información pública o campañas educativas o programas intergeneracionales, programas de restricción‐reducción y líneas de ayuda que pudiesen estar incluidos en esta revisión. Aunque se identificaron varias intervenciones ejecutadas en diversos países, tres temas principales identificados fueron: 1) intervenciones incluidas dentro de un estudio más amplio, que no consideran específicamente el abuso de pacientes mayores, 2) la escasez de una evaluación integral sobre la efectividad de estos programas (p.ej. falta de mediciones de puntos temporales múltiples o seguimiento a largo plazo) y 3) intervención que no mide los resultados relacionados con el abuso y su costo‐efectividad. Esta investigación, según se observa en la sección "Características de los estudios excluidos", coincide con revisiones como Alt 2011 en que una gran parte de la bibliografía sobre el abuso de pacientes mayores describe programas para el abuso de pacientes mayores que suelen ser breves, sin una comparación, y en muchos casos, sólo informan descripciones de la satisfacción con un programa posintervención. Aunque estas publicaciones son útiles para describir los procesos y la aceptabilidad de las intervenciones, no logran satisfacer los criterios para establecer una relación causal (Schünemann 2011a) para la prevención del abuso que los elaboradores de políticas y los profesionales de la salud puedan usar. Estos resultados son frustrantes debido a que mucho antes, la revisión de Wilson 2003 identificó pocas evaluaciones de las intervenciones para eliminar o reducir el abuso de pacientes mayores, y la mayoría de la bibliografía presentó un riesgo alto de sesgo.
Footnotes (Figure 1):
1Programmes to reduce factors influencing elder abuse (e.g. respite care, social support, psychological programme, restraint reduction, intergenerational programme)
2Legislation (e.g. advocacy‐based programme, law‐orientated programme, legal institution, elderly act, mandatory reporting, adult protection statutes)
3Specific policies for elderly (e.g. improve housing, transport, aged friendly cities, banking, pension, welfare aid)
4Programmes to increase detection rate for prevention (e.g. home visit, home‐based geriatric assessment, helpline, training for healthcare workers and social worker, guideline/ protocol, screening)
5Programmes targeted to victims (e.g. adult protective services, emergency shelter, temporary residential services)
6Rehabilitation programmes (e.g. legal assistance, psychiatric intervention, support, counselling)
7Other professionals (e.g. legislators, policy makers, politicians, journalists)
8 Increase identification (e.g. increase detection rate, increase reporting)
Study flow diagram.
'Risk of bias' summary: review authors' judgements about each risk of bias item for each included study.
'Risk of bias' graph: review authors' judgements about each risk of bias item presented as percentages across all included studies.
| Educational interventions compared with control for preventing elderly abuse | ||||
| Patient or population: Carers of elderly persons Settings: Workforce training Intervention: Educational interventions Comparison: Control – no specific training | ||||
| Outcomes (duration of follow‐up) | Summary of effects | No of Participants | Quality of the evidence | Comments |
| Occurrence of abuse – caregivers: Caregiver’s abusive behaviours (Caregiver Psychological Elder Abuse Behaviour Scale) (duration not specified, assumed 10 months) | Abusive behaviour typically lower in the trained caregiver group (e.g. adjusted mean difference ‐3.46, adjusted % change 11.4%) | 112 caregivers (1 study) | ⊕ΟΟΟ Very Low1 | One study included this primary outcome |
| Occurrence of abuse by elderly persons: Detecting resident‐to‐resident abuse ( 6 & 12 months) | Intervention group reported more incidents at 6 & 12 months for the intervention than the control (adjusted mean difference to the control of 420%)#1 | 325 caregiver nurses, 1405 residents (1 study) | ⊕⊕ΟΟ Low2 | One study included this primary outcome |
| Knowledge and attitude to elder abuse (6 to 12 months) | Knowledge generally improved after intervention (e.g. KAMA scores adjusted mean change 25.8%, KGNS 5%) | 523 caregivers (3 studies) | ⊕ΟΟΟ3 Very Low | Substantial heterogeneity between trials regarding type of interventions and measured outcomes. |
| GRADE Working Group grades of evidence | ||||
| 1 Downgraded three levels for non‐randomised study, serious risk of bias and imprecision 2 Downgraded two levels for serious risk of bias and possible contamination 3 Downgraded three levels for substantial heterogeneity and risk of bias in the 3 studies, and the inclusion of one non‐RCTstudy of 112 caregivers as 'very low', #1 Refers to 12‐month result | ||||
| Programs to reduce factors influencing elderly abuse | ||||
| Patient or population: Carers of elderly persons Settings: Caregivers of family members suffering from dementia Intervention: Reducing factors influencing elderly abuse through promoting the mental health of caregivers | ||||
| Outcomes (duration of follow‐up) | Summary of effects | No of Participants | Quality of the evidence | Comments |
| Occurrence of abuse – caregivers: Caregiver’s abusive behaviours (Modified conflict tactics scale) (8 months) | No statistical difference in abusive behaviour between the groups(adjusted OR 0.48, 95% CI 0.18 to 1.27) | 260 caregivers (1 study) | ⊕⊕ΟΟ Low1 | One low risk of bias study which appeared inadequately powered included this primary outcome |
| Anxiety and depression: total scores on hospital anxiety and depression scale (HADS) (8 months) | Mean total HADS score lower for the intervention group of caregivers than the control (‐1.80 points (95% CI ‐3.29 to ‐0.31, P = 0.02) | 260 caregivers (1 study) | ⊕⊕⊕Ο Moderate2 | One low risk of bias study included this secondary outcome |
| GRADE Working Group grades of evidence | ||||
| 1 Downgraded two level for very serious imprecision 2 Downgraded one level based on only one study reporting as a secondary outcome | ||||
| Programs for increasing detection for preventing elderly abuse | ||||
| Patient or population: Carers of elderly persons with a responsibility for detecting abuse Settings: Community mental organisations and home care organisations Intervention: Programs for increasing detection for preventing elderly abuse through the provision of a toolkit | ||||
| Outcomes (duration of follow‐up) | Summary of effects | No of Participants | Quality of the evidence | Comments |
| Occurrence of elder abuse | Outcome was not reported for this comparison | |||
| Clinician assessment practices (1 year) | The study authors claimed that there was a significant increase in the proportion of clinicians in conducting clinical assessments in neglect and abuse domain, however they failed to provide statistical analyses to support this conclusion | 13 agencies, 44 clinicians, 100 elderly persons (1 study) | ⊕ΟΟΟ Very low1 | One high risk of bias study included this secondary outcome |
| GRADE Working Group grades of evidence | ||||
| 1 Downgraded three levels based on only one non‐randomised study with very serious risks of bias and a lack of transparency in the analysis of this secondary outcome (indirectness) | ||||
| Programs targeted to victims for preventing elderly abuse | ||||
| Patient or population: Victims of abuse Settings: Community settings Intervention: Programs targeted to victims for preventing elderly abuse including the provisions of psycho‐education support and materials | ||||
| Outcomes (duration of follow‐up) | Summary of effects | No of Participants | Quality of the evidence | Comments |
| Recurrence of abuse: Physical abuse – Hartford study physical abuse subscale (8 weeks post intervention) | Unable to determine | 16 (1 study)3 | ⊕ΟΟΟ Very low1 | One very small study at high risk of bias included this primary outcome |
| Recurrence of abuse – elderly persons: Modified version of the Conflict Tactic Scale (6 & 12 months) | Higher reports of victimisation | 403 (1 study) | ⊕⊕ΟΟ Low2 | It is unclear whether this increase reflects an increase in the rate of abuse recurrence (more abuse) or better reporting of abuse. |
| GRADE Working Group grades of evidence | ||||
| 1 Downgraded three levels for very serious risk of bias, very sparse data from one study.and a resulting in lack of clarity 2 Downgraded two levels for very serious risk of bias. 3 This number includes one participant unaccounted for in the analysis. The data analysis presented by the authors includes 15 individuals. | ||||
| Study | Intervention category | Study design | Sample size | Population of Interest | Country | Number of items at low risk of bias |
| Educational Interventions targeted at health professionals and/or carers | ||||||
| Educational Interventions | Controlled before‐and‐after study | 112 (recruited) | Caregivers | Taiwan | 6/11 | |
| Educational Interventions | Randomised controlled trial | 86 | Health personnel | United Kingdom | 8/11 | |
| Educational Interventions | Cluster‐randomised controlled trial | 1405 | Nursing home residents | United States | 6/11 | |
| Progammes to reduce factors influencing elder abuse | ||||||
| Programmes to reduce factors influencing elder abuse | Randomised controlled trial | 260 | Carers (family members) | United Kingdom | 10/11 | |
| Programmes to increase detection | ||||||
| Programmes to increase detection | Controlled before‐and‐after study | 44 clinicians; 100 elderly people | Clinicians and elderly consumer | United States | 2/11 | |
| Programmes targeted to victims | ||||||
| Multi‐component intervention of community‐wide education and then individual level intervention by police and social workers | Randomised controlled trial | 403 | Victims of elder abuse | United States | 3/11 | |
| Psycho‐educational support group structured with educational content | Randomised controlled trial | 16 | Abused elder women | United States | 2/11 | |
| Study | Community Partnerships | Level of Intervention | Reach of Strategies | Magnitude of Intervention | Cost Per Person | Intensity | Overall | Assessment |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | medium | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | low | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | low | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | high | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | medium | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | high | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | low | |
| Overall assessment of intensity: high (8‐10), medium (5‐7), low (1‐4). The overall assessment used a subjective informed determination rather than a pre‐defined algorithm. The informed assessment approach was selected as the six categories presented here are not distinct, and the sufficiency of detail varies between the studies. | ||||||||
| Study/outcome | |||||||
| Intervention approach | Educational intervention health professionals | Educational intervention for health professionals | Educational intervention for carers | Programmes targeted to victims, support group and education | Programmes targeted to victims, multi‐component, community education and individual intervention by police and social workers | Programs to reduce factors influencing elderly abuse (family members) | Programs for increasing detection for preventing elderly abuse |
| Intervention level | S | S | S | T | T | P | T |
| Primary outcomes | |||||||
| Abuse occurrence | ￭ | ￭ | |||||
| Abuse recurrence | ￭ | ￭ | ￭ | ||||
| Secondary outcomes ‐ Participant‐related outcomes | |||||||
| Improve detection | ￭ | ￭ | ￭ | ||||
| Improve management skills | ￭ | ||||||
| Improve knowledge | ￭ | ￭ | ￭ | ||||
| Improve attitudes | ￭ | ||||||
| Burn‐out | ￭ | ||||||
| Stress | ￭ | ||||||
| Sucide | ￭ | ||||||
| Self‐esteem | ￭ | ￭ | |||||
| Depression | ￭ | ￭ | |||||
| Anxiety | ￭ | ￭ | |||||
| Guilt | ￭ | ||||||
| Quality of Life | ￭ | ||||||
| Service satisfaction | ￭ | ||||||
| Service delivery | ￭ | ||||||
| Secondary outcomes ‐ Victim or perpetrator‐related outcomes* | |||||||
| Crisis management | |||||||
| Management of perpetrators | |||||||
| Level of intervention: P: Primary S: Secondary T:Tertiary *None identified in the included studies. | |||||||
| Author | Type of intervention | Study design | Type of abuse measured | Measurement for outcome | Authors' FIndings |
| Programme to reduce factors influencing elder abuse | Pragmatic randomised parallel group superiority trial | Occurrence of abuse | Modified conflict tactics scale | Family member carers in the intervention group report lower abusive behaviour (MCTS ‐ modified conflict tactics scale with at least 1 item scoring > 2) towards the recipient of care compared with those in the treatment as usual group which were not statistically significant 24 months. 8 months: treatment effect: OR 0.47, 95% CI 0.18 to 1.23, P > 0.05 (n = 214) Adjusted OR 0.48, 95% CI 0.18 to 1.27 (n = 206) 24 months: Treament effect: Adjusted for baseline OR 0.59, 95% CI 0.27 to 1.28 (n = 213) | |
| Educational interventions (for health professionals and/or carers) | Controlled before‐and‐after trial | Occurrence of abuse | Caregiver Psychological Elder Abuse Behavior Scale (CPEAB) | Caregivers’ abusive behaviours: (n = 50, each group analysed) Decreased significantly after the intervention. The intervention group’s change from baseline (Mean 31.22, 95% CI 29.53 to 32.91, SD 6.10) to post‐test (Mean 29.16, 95% CI 27.49 to 30.83, SD 6.02) (P = 0.01). (n = 100 analysed) No significant differences between the pre‐ (Mean 28.98, 95% CI 27.36 to 30.6, SD 5.84) and post‐tests (Mean 30.38, 95% CI 28.76 to 32, SD 5.84) in the control group (P < 0.179). Adjusted mean difference ‐3.46, Adjusted % change relative to the control group 11.4% (confidence intervals can not be calculated) Statistically significant differences between the post‐test scores of the two groups relative to CPEAB (F = 4.02, P = 0.05 and 0.02, respectively). | |
| Programmes for victims (Psyco‐educational support groups) | Randomised controlled trial | Recurrence of abuse: "Non‐physical abuse"; "physical abuse" | Hartford Study Physical Abuse Subscale, Hartford Study Non‐physical Abuse Subscale | Findings based on Intervention of 9 persons, control 6. Only women only included. Physical abuse reported: Pre‐test: 43% of controls and 22% of intervention participants Post‐test: 0% of controls and 13% of intervention participants (n = 15, post‐intervention & control comparison, P = 0.41). Adjusted RR can not be calculated. Adjusted RD 34, 95% CI ‐23.5 to 91.5 Non‐physical abuse reported: Pre‐test: 83% of controls and 100% of intervention participants. Post‐test: 75% of controls and 83% of intervention participants reported non‐physical abuse at post‐test. Intervention & control comparison, P = 0.71, n = 15. Adjusted RR 0.91, 95 CI 0.58 to 1.45. Adjusted RD ‐9, 95% CI ‐56.8 to 38.8 (Neither OR or RR were provided by the authors, but calculated by review authors) | |
| Programme for victims (including a whole of community component of public education) | Nested randomised controlled trial | Recurrence of abuse | Modified version of Conflict Tactic Scale | Elderly who received public education did not differ from those in the control group. However, elderly in the home visit group fared worse than those in the control group, while those who received both treatment reported more repeated victimisation. All persons reported abuse at baseline. Total abuse: At 6 months, total abuse reported repeated victimisation* No intervention: mean 5.87, 95% CI 3.39 to 8.35 SD 12.63 Public education: mean 3.18, 95% CI 1.79 to 4.57, SD 7.11, Home visit: mean 4.61, 95% CI 2.47 to 6.75, SD 10.92 Both (PE+HV): mean 12.63, 95% CI 8.13 to 17.13, SD 25.96. At 12 months, total abuse reported victimisation*. No intervention: mean 5.36, 95% CI 3.66 to 7.06 ,SD 8.67 Public education: mean 4.07, 95% CI 2.32 to 5.82, SD 8.94 Home visit: mean 3.66, 95% CI 2.17 to 5.15, SD 7.62 Both (PE+HV): mean 8.58, 95% CI 4.01 to 13.15, SD 23.32 Hazard ratio (HR) from Cox multiple regression: Public education HR 1.26, Home visit HR = 2.05 (alpha level 0.05), Both (PE+HV) HR = 1.78 (alpha level = 0.01), n = 403 *The study does not specify the exact numbers of participants in each group. The review authors have made the 95%CI calculations based upon an estimate of 100 persons in each group. The 95% CI are indicative only. | |
| Study arranged according to type of intervention, followed by study design OR: odds ratio, RD: risk difference, RR: relative risk, SD: standard deviation | |||||
| Author | Type of intervention | Study design | Types of secondary outcomes measured | Measurement for outcome | Authors' FIndings |
| Programme to reduce factors influencing elder abuse | Pragmatic randomised parallel group superiority trial | Carer‐related risk factors | Hospital anxiety and depression scale health status questionnaire (family member carers), depression, quality of life‐Alzheimer's disease | Anxiety: Mean total scores on the hospital anxiety and depression scale were statistically lower in the intervention group than in the usual care group over the eight‐month evaluation period: adjusted difference in means ‐1.80 points (95% CI ‐3.29 to ‐0.31, P = 0.02) and absolute difference in means ‐2.0 points. Health status (carers): Statistically higher, adjusted treatment effect 4.55 (95% CI 0.92 to 8.17) (n = 219) Depression: Carers in the intervention group were less likely to have case‐level depression (OR 0.24, 95% CI 0.07 to 0.76) and there was not a statistically significant reduction in case level anxiety (0.30, 95% CI 0.08 to 1.05). Treatment effect reported adjusted for baseline score and centre: ‐0.88 (‐1.68 to ‐0.09) (n = 229) Quality of life: Carers' quality of life was higher in the intervention group (difference in means 4.09, 95% CI 0.34 to 7.83) but not for the recipient of care (difference in means 0.59, 95% CI ‐0.72 to 1.89). | |
| Educational interventions (for health professionals and/or carers) | Controlled before‐and‐after, not randomised | Caregivier related | Knowledge of Gerontology Nursing Scale (KGNS) Work Stressors Inventory (WSI), | KGNS: Statistically significant differences were found between the post‐test scores of the two groups for KGNS (P = 0.018), improved significantly for the intervention group. Post‐test Intervention (n = 50, each group) Intervention group: Mean scores increased, pre‐test mean 28.74, 26.89 to 30.59, SD 6.67 and post‐intervention mean 32.96, 95% CI 31.07 to 34.85, SD 6.82. Control group: No significant differences between the pre‐ and post‐tests on KGNS measures (pre‐test = mean 26.06, 95% CI 23.97 to 28.15, SD 7.55; post‐test = mean 28.96, 95% CI 27.17 to 30.75, SD 6.47; P = 0.065) Adjusted mean difference 1.32 Adjusted % change relative to control group 5% Stress (WSI): no effect on caregivers' perceived level of stress between intervention and control groups. Intervention group: pre‐test mean 64.14, 95% CI 47.53 to 61.63, SD 20.52; post‐test mean 59.42, 95% CI 53.31 to 65.53, SD 22.04. Control group: pre‐test mean 59.50, 95% CI 52.37 to 66.63, SD 25.72; post‐test = mean 54.58, 95% CI SD 25.44; P = 0.330). Adjusted mean difference 3.2, adjusted % change relative to control group 6% Overall comparison, P = 0.660. | |
| Educational interventions (for health professionals and/or carers) | RCT pre‐ and post‐ measurements | Caregiver related | Knowledge and Management of Elder Abuse (KAMA) Caregiver Scenario Questionnaire (CSQ) Attitude of Health Care Personnel towards Maslach Burnout Inventory (MBI) | KAMA: There was a significant difference between intervention groups in final KAMA score with those randomised to Intervention ("Group 1" educational course intervention) improving after intervention and Control ("Group 2" educational material ) deteriorating Intervention mean = 3.7; 95% CI 0.85 to 6.55, SD 8.1, Control mean = –2.9; 95% CI ‐6.31 to 0.51, SD 10.0 ANOVA F=23.0; P<0.0001). Adjusted mean difference 6.6, Adjusted % change relative to control group 25.8% Attitude: At baseline Intervention had a significantly more positive attitude than Control 2 (pre‐intervention mean attitude score 13.5; SD 5.4 and 5.6; SD 4.2, respectively; P < 0.0001; mean difference 7.9; 95% CI = 5.1 to 10.7) and post‐intervention score was higher than the control Intervention: mean score 14.3, 95% CI 12.36 to 16.24, SD 5.5 Control mean 6.2, 95% CI 4.39 to 8.01, SD 5.3 P < 0.0001 Mean difference 8.2, 95% CI 5.0 to 11.2 Adjusted mean difference 0.2, adjusted % change relative to control group 3.2% Burn‐out:There were no significant differences in burn‐out scores between Intervention and Control before or after intervention. Intervention: Baselline 16.0, 95% CI 12.69 to 19.31, SD 9.4, Follow‐up 15.2; 95% CI 12.45 to 17.95, SD 7.8. Control Baseline 17.6, 95% CI 13.54 to 21.66, SD 11.9, Follow‐up 16.7; 95% CI 12.71 to 20.69, SD 11.7 Adjusted mean difference 0.1, adjusted % change relative to control group 0.6% | |
| Educational interventions (for health professionals) | Cluster‐RCT | Resident‐to‐resident elder mistreatment focus with caregiver | 10 items knowledge test. Resident‐to‐Resident Elder Mistreatment Behavior | Dectection incidents in the past 2‐weeks: Intervention: (n = 720) Baseline: (n = 353), mean 0.51, 95% CI 0.22 to 0.8, SD 2.79 At 6 months:(n = 580, mean 1.08, 95% CI 0.48 to 1.68, SD 7.34 12 months: (n = 239), mean 0.51, 95% CI, 0 to 1.02, SD 4.01 Control: (n = 784) Baseline: (n = 354) mean 0.52, 95% CI 0.17 to 0.87, SD 3.4 At 6 months: (n = 79) mean 0.27, 95% CI 0.00 to 0.59, SD 1.46 12 months: (n = 23) mean 0.10, 95% CI 0.00 to 0.26, SD 0.39 At 6 months: Adjusted mean difference 0.82 Adjusted % change relative to control group 304% At 12 months: Adjusted mean difference 0.42 Adjusted % change relative to control group 420% The intervention group reported more incidents at 6 and 12 months than did the control group. The sum of incidents reported during the staff interview at baseline for the previous two week period was 354 for the control group and 353 for the experimental group. After training, the six‐month numbers for the control and experimental groups were 79 and 580 and at 12 months 23 and 239, respectively.(Poisson model P = 0.0058) Knowledge scores, reported only for intervention group: Nursing staff’s gain in knowledge was significantly higher for both Module 1 (Pre‐test mean 7.43, 95% CI 7.3 to 7.56 SD 1.16 n = 319; post‐test Mean 8.13, 95% CI 7.99 to 8.27, SD 1.29; P < 0.001) Module 2 (Pre‐test mean 7.40, 95% CI 7.22 to 7.58 SD 1.54; n = 271; post‐test mean 8.38, 95% CI 8.2 to 8.56, SD 1.52; P < 0.001) in intervention group without comparison to the control group. Process evaluation: showed management skills increased for the intervention group: Baseline 7.43 SE 1.54, follow‐up 8.38, SE1.52. | |
| Programme to increase detection of elder abuse | Controlled before‐and‐after trial, not randomised | Assessment practices | Interview and audit of clinician practices of abuse identification | There were no differences in clinician‐reported baseline assessment practices for neglect and abuse between the intervention and comparison group. However, baseline comparisons of medical records found greater documentation for neglect and abuse within intervention agencies Neglect and abuse Clinican interview. clinicians reporting assessment of neglect and abuse Intervention (n = 26) Baseline: 11.5% Year 1 follow‐up : 65.4% Control (n = 18) Baseline: 22.2% Year 1 follow‐up 38.9% Reported OR = 6.50 Authors state that at 1‐year follow‐up, there was a significant increase in the proportion of clinicians in the intervention group (baseline 11.5%, follow‐up 65.4%) who reported routinely conducting clinical assessments in neglect and abuse domain. In contrast, there was little change in reported clinical practices by clinicians in the comparison sites (baseline 22.2%, follow‐up 38.9%). The analyses compared pre–post change scores between the intervention group and the comparison group and have reported OR of 6.50, however neither the P value or confidence interval is provided to substantiate the claim that it is 'significant'. (n = 44) Re‐analysis by review authors: adjusted RD 37.2, 95% CI ‐3.5 to 77.9; adjusted RR 3.24, 95% CI 0.75 to 13.9 (not statistically different) Chart audit: The authors states that there was a significant increase in the proportion of charts which documented neglect and abuse in the intervention group (baseline 19.7%; follow‐up 91.8%) compared to the comparison group (baseline 0%, follow‐up 2.6%) at follow‐up. Chart audit: Intervention (n = 61 charts audited) Baseline 19.7 % 1‐year follow‐up: 91.8% Control (n = 39) Baseline 0.0% Follow‐up 2.6% 'Odds ratio could not be calculated' Re‐analysis by review authors: adjusted RD 69.5, 95% CI 62.9 to 71.1; adjusted RR could not be calculated. | |
| Programme for victims (psycho‐educational support groups) | Randomised controlled trial | Victims: sense of control, social support, alcohol abuse, depression, drug use, family relationship problems, guilt, suicide, anxiety and somatisation | CESB‐D 10 Hartford Study; Guilt Subscale; Rosenberg Self‐Esteem Scale; Health Locus of Control Scale; Medical Outcomes Study Social Support Survey; BSI‐18 | Recruitment of 16 women, 15 completers. 9 intervention, 6 control There were no significant changes in outcome measures for either control or intervention group participants after the intervention ended; depression, guilt, and self‐esteem (n = 15). Depression: 14% of controls and 56% of intervention participants suffered from depression at pre‐test. 33% of controls and 56% of intervention participants suffered from depression at post‐test. (Post, intervention & control comparison P = 0.49). Guilt: 28% of the control participants scored above threshold and 33% of the intervention participants scored above threshold at pre‐test. 14% of the control participants scored above threshold and 22% of the intervention participants scored above threshold at post‐test.(post, intervention & control comparison P = 0.75). Calculated adjusted RR 1.33 (favouring control) 95% CI 0.30 to 5.89. Adjusted RD 3, 95 CI ‐11.5 to 17.5. Self‐Esteem (Rosenberg scale): Authors stated "Participants scored an average of 32, which is above the midpoint." Average score for either groups not reported. Findings on Sense of Control and Social Support, anxiety and somatisation not reported. | |
| Programme for victims (including a whole of community component of public education) | Nested randomised controlled trial | Victims: i) knowledge of services ii) satisfaction with police iii) assessment of service delivery iv) self‐esteem v) well‐being of victims | i) six‐item Use of Services Scale ii) self‐developed questions iii) self‐developed questions iv) Rosenberg Self‐esteem v) Bradburn Affect‐Balance Scale | No baseline data are provided for comparison, The study authors stated there was no significant difference between intervention and control group in relation to knowledge about elder abuse or awareness and use of services at 6th or 12th months. There is no significant difference between experimental and control group in their psychological states. Without baseline comparison, no further reporting is warranted.See Davis 2001 for further detail. | |
| CI: confidence interval, OR: odds ratio, RD: risk difference, RR: relative risk, SD: standard deviation | |||||
